La investigación por presuntas irregularidades en el Senado bonaerense avanza mientras la Justicia espera un peritaje económico considerado clave para la causa. El expediente está activo desde comienzos de 2024
Diez exsenadores que integraban el bloque Juntos declararon como testigos ante el fiscal Juan Mennucci. Todos dijeron no conocer a los 39 empleados que figuraban como titulares de las tarjetas de débito utilizadas para retirar dinero
El circuito investigado
Los empleados sospechados habrían aceptado o sido inducidos a entregar sus salarios a cambio de conservar la cobertura del Instituto de Obra Médico Asistencial y los aportes jubilatorios. Sin embargo, no percibían sus sueldos
La pesquisa tiene bajo la mira a Hugo Santiago Muguerza y María Josefina Ortellado, señalados como presuntos recaudadores. Ambos habrían retirado dinero mediante tarjetas de débito de empleados del Senado en cajeros automáticos de La Plata
Muguerza mantuvo vínculos con la Unión Cívica Radical y Pro. Fue subsecretario de Ambiente de la Municipalidad de La Plata durante la gestión de Julio Garro. La UCR reconoció que está afiliado, aunque algunas fuentes indicaron que ya no milita en el partido
Las declaraciones de los exsenadores
Los citados fueron Yamila Alonso, Nidia Moirano, Érica Revilla, Agustín Máspoli, Elisa Carca, Marcelo Daletto, Joaquín de la Torre, Owen Fernández, Lorena Mandagaran y David Hirtz. Revilla es intendenta de General Arenales y Daletto se desempeña como director del Banco Provincia
El fiscal los convocó después de que terminaran sus mandatos, para evitar que el Senado debiera autorizar su comparecencia mientras aún eran legisladores
Durante las audiencias se les mostró un modelo de decreto de designación de altas y se les preguntó por el procedimiento. La explicación incorporada al expediente sostiene que cada senador recibía un cupo, seleccionaba a su equipo y enviaba la información, sin firmar los nombramientos
El Senado informó además que las planillas no constituían actos administrativos y, por ese motivo, no eran conservadas
El peritaje pendiente
El perjuicio estimado para las arcas de la provincia ronda los 300 millones de pesos. El delito investigado es peculado
El peritaje económico deberá establecer si existieron transferencias anteriores al descubrimiento de la trama. Ese análisis podría ayudar a determinar para quiénes habrían recaudado Muguerza y Ortellado
Los teléfonos de ambos fueron revisados sin que aparecieran datos relevantes. Todavía resta analizar el celular de un tercero, al que los peritos no pudieron acceder y cuyo contenido podría aportar información a la investigación
En la Justicia provincial sospechan que el mecanismo habría funcionado durante unos 15 años. Esa hipótesis, al igual que la responsabilidad de las personas involucradas, permanece bajo investigación