La Legislatura porteña aprobó el traspaso de la Justicia laboral nacional a la ciudad de Buenos Aires. Con esa decisión, el gobierno local tendrá 180 días para poner en marcha 10 nuevos juzgados laborales destinados a las causas que se inicien desde ahora
Una votación con apoyo amplio
El proyecto fue sancionado con 36 votos a favor, 2 en contra y 20 abstenciones. Las abstenciones correspondieron al bloque del PJ que responde políticamente a Juan Manuel Olmos, mientras que la mayoría se armó con el respaldo de Pro, La Libertad Avanza y los radicales
La iniciativa formaliza la transferencia de la justicia laboral desde la órbita nacional al fuero local y refuerza el esquema de autonomía porteña previsto en la reforma constitucional de 1994
Qué pasará con las causas laborales
El fuero laboral nacional seguirá funcionando para los expedientes que ya están en trámite, tanto en primera instancia como en cámara, además de los asuntos vinculados con los gremios. En cambio, las nuevas demandas por despidos, accidentes de trabajo y otros conflictos laborales pasarán a tramitar en la nueva Justicia laboral porteña
El convenio firmado en febrero de 2026 entre la Nación y la Ciudad establece que las causas iniciadas antes de la entrada en vigencia del nuevo fuero continuarán en la Justicia Nacional del Trabajo, mientras que las nuevas presentaciones irán exclusivamente al fuero local
El avance institucional y judicial
El Consejo de la Magistratura de la Ciudad había iniciado concursos para cubrir los nuevos 10 juzgados y la Cámara laboral local, pero el proceso quedó frenado por un amparo. Esa medida cautelar fue luego levantada por el juez contencioso administrativo federal Enrique Lavié Pico, que habilitó la ejecución del convenio y la puesta en marcha del nuevo esquema
La medida se apoya en el artículo 129 de la Constitución Nacional y en las leyes 6789 y 6790, que habilitaron la creación formal del fuero laboral local y su régimen procesal. La Ciudad avanzará ahora con la designación de los primeros 21 jueces y fiscales, además de la provisión de recursos para el funcionamiento del nuevo sistema
Desde el Gobierno porteño, el ministro de Justicia Gabino Tapia y el secretario de Justicia Francisco Quintana destacaron la decisión como un paso hacia una justicia local propia, con trámites más ágiles y plazos más breves para los vecinos