Las cárceles provinciales que se sumen al protocolo vigente también quedarán alcanzadas por el bloqueo de celulares activados dentro de los penales. La medida fue oficializada por la Resolución 734/2026 del Enacom, publicada este jueves en el Boletín Oficial
Un esquema más amplio para cortar comunicaciones irregulares
La norma modifica el procedimiento que ya regía para terminales denunciadas por robo, hurto o extravío, y para equipos con irregularidades. Desde ahora, las prestadoras de servicios móviles deberán bloquear el IMEI, el IMSI y la línea asociada cuando un dispositivo sea activado en zonas de detención o en sectores de acceso restringido al público
Hasta ahora, el mecanismo había sido habilitado para unidades y establecimientos penitenciarios federales. Con la nueva resolución, también podrá aplicarse en prisiones provinciales, siempre que la jurisdicción adhiera al protocolo aprobado por el Ministerio de Seguridad de la Nación
Pedidos centralizados y control técnico
Los bloqueos no se activarán de forma automática ni por decisión de las empresas. Para concretarlos, el Ministerio de Seguridad deberá hacer un pedido expreso y enviar los datos correspondientes a las prestadoras. En el caso de las provincias adheridas, los requerimientos también deberán canalizarse a través de esa cartera nacional
La incorporación de los penales provinciales llegó después de una presentación del Ministerio de Seguridad y Justicia de Mendoza ante el Enacom. Ese organismo planteó la problemática en sus establecimientos y pidió una norma complementaria que incluyera a las jurisdicciones a cargo de estos servicios
La resolución además exige ajustes técnicos para evitar que el bloqueo interfiera en las comunicaciones fuera de los penales. Las compañías deberán registrar y conservar cada gestión realizada, con garantía de integridad y trazabilidad, y esa información quedará disponible para usuarios o autoridades que la soliciten
Antecedente judicial reciente
La medida se conoció meses después de que la Justicia prohibiera el uso de celulares a cuatro detenidos acusados de integrar la Banda del Millón. El 21 de febrero de 2026, la jueza Andrea Rodríguez Mentasty ordenó decomisar los teléfonos que usaban los señalados jefes del grupo, presos por el homicidio de una jubilada en San Isidro
Según la acusación, los cabecillas organizaban desde sus celdas distintos robos violentos, algunos cometidos por menores de edad