Manuel Adorni sostuvo ante la Justicia que obtuvo cerca de US$390.000 entre 2014 y 2018 mediante la compra y venta de criptomonedas en efectivo. Según su versión, las operaciones se realizaron sin identificar a las contrapartes ni conservar registros contables o financieros
El exfuncionario afirmó además que había comenzado con unos US$200.000 y que mantuvo el dinero fuera del sistema bancario durante años. En total, la suma habría superado los US$590.000
Una posible duplicación de fondos
Expertos en criptoactivos advirtieron dos puntos controvertidos. Por un lado, señalaron que una misma suma podría haber sido contabilizada dos veces en la declaración presentada por Adorni
Fernando Molina explicó que una venta de criptomonedas habría terminado en otra billetera incluida en el expediente y que luego esa misma transferencia volvió a aparecer como una nueva operación. A su criterio, eso implicaría computar dos veces el mismo capital como si se tratara de un ingreso diferente
El segundo aspecto discutido es la titularidad de las billeteras. Maximiliano Firtman indicó que Adorni acreditó ante escribanos que actualmente posee las claves privadas, pero aclaró que ese hecho no prueba que haya sido el titular de los activos entre 2014 y 2018
El especialista comparó la situación con la tenencia de una llave: tener acceso a una billetera no necesariamente demuestra la propiedad de los fondos ni permite confirmar que ese control existiera una década atrás
Compras en efectivo y sin registros
En un escrito de 78 páginas, el abogado Matías Ledesma sostuvo que Adorni comenzó a acercarse al bitcoin en 2013 e invirtió desde el año siguiente junto con su esposa, Bettina Angeletti
La defensa calculó una inversión aproximada de US$200.000 y ganancias cercanas a US$300.000. También reconoció que no existen registros verificables de varias operaciones
Según la explicación presentada, Adorni se reunía personalmente con quienes le entregaban los bitcoins y pagaba en efectivo. Los encuentros se habrían realizado en lugares públicos, sin identificación entre las partes y bajo estricta reserva
Firtman planteó que la Justicia deberá determinar si ese relato resulta compatible con la acreditación de la titularidad de las billeteras y con los movimientos declarados
Una transferencia que podría tener rastros
La falta de documentación no abarcaría necesariamente todas las operaciones. Molina señaló que algunas transacciones pasaron por plataformas centralizadas como Coinbase, entre ellas una registrada en junio de 2017
Ese tipo de empresas suele aplicar procedimientos de identificación de clientes y controles contra el lavado de dinero. Por eso, una transferencia podría estar vinculada con una cuenta bancaria, una tarjeta o un usuario identificado
En teoría, esos datos permitirían solicitar información para establecer quién fue la contraparte de la operación, siempre que la plataforma conserve los registros de ese período y responda al requerimiento judicial
Molina identificó una transferencia del 13 de junio de 2017 asociada a la billetera 1JSre6fbZyr1ZPPnbbkRgzQ1XfJzp3qXUK. Según su análisis, podría corresponder a una de las ventas más importantes atribuidas a Adorni, por un monto cercano a US$110.000
El interrogante sobre las operaciones del 5 de agosto
La defensa también afirmó que cuatro operaciones se concretaron el 5 de agosto de 2017, un sábado, mediante encuentros personales con compradores desconocidos
Para Molina, ese dato plantea una situación difícil de sostener: Adorni habría trasladado una suma cercana a US$110.000 en efectivo para entregarla a una persona no identificada en la vía pública
El exfuncionario también afirmó que conservó los más de US$500.000 obtenidos con la compraventa de criptomonedas fuera del sistema bancario y del control de la agencia recaudadora
Su defensa sostuvo que esa conducta no constituye por sí misma una práctica excepcional ni demuestra una finalidad ilícita. Además, planteó que cualquier eventual incumplimiento tributario debería investigarse en el fuero Penal Económico y no dentro del expediente por presunto enriquecimiento ilícito u omisión de información en declaraciones juradas