El conflicto por la instalación de una planta de e-combustibles en Paysandú volvió a tensarse después de que el presidente uruguayo, Yamandú Orsi, afirmara que en Argentina se había retirado la denuncia vinculada al proyecto
La respuesta llegó de inmediato. La fiscal federal Josefina Minatta negó esa versión y aseguró que la causa penal continúa en trámite. También ratificó que los amicus curiae presentados en el expediente siguen vigentes
Orsi había planteado que la relocalización del emprendimiento había ayudado a despejar las principales objeciones. Según dijo, el proyecto siguió su curso, aunque con nuevos estudios de impacto ambiental y ajustes vinculados al desarrollo del mercado del hidrógeno
Pero Minatta aclaró que la Justicia argentina todavía espera respuestas del lado uruguayo a través de la Comisión Administradora del Río Uruguay. Además, remarcó que el proceso judicial no se cerró y que el eventual traslado de la planta no elimina por sí solo las preocupaciones ambientales
La tensión sigue abierta
El diputado Guillermo Michel, que impulsó una demanda civil contra HIF Global y el gobierno uruguayo, también rechazó los dichos del mandatario. Sostuvo que la acción preventiva por daño ambiental sigue en curso y pidió responsabilidad en el manejo público del caso
Luego, fuentes diplomáticas uruguayas aclararon que Orsi se refería a otra presentación judicial, impulsada por la viceintendenta de Colón, María Dalleves, y no a las causas activas en Argentina
En paralelo, Minatta señaló que además de la causa penal que lleva adelante existen dos expedientes civiles y un amparo colectivo presentado por un gremio de Concordia. Con ese panorama, resumió que el frente judicial permanece abierto
El debate se da en un contexto sensible para ambas orillas del río Uruguay, donde persisten los recuerdos del conflicto por la pastera de Fray Bentos y donde la nueva inversión, valuada en más de USD 5.000 millones, sigue bajo fuerte observación