El juez federal Daniel Rafecas procesó a siete ciudadanos iraníes y a un libanés por su presunta responsabilidad en el atentado contra la AMIA, ocurrido en 1994. La medida permite avanzar hacia un juicio oral en ausencia, debido a que los acusados permanecen prófugos
El ataque contra la mutual judía provocó 85 muertes y dejó 151 personas heridas. Los procesamientos fueron dictados en una resolución de más de 600 páginas, que estableció un embargo de US$ 500 millones para cada imputado
La planificación del atentado
Según la investigación, los responsables adquirieron una camioneta Renault Trafic el 10 de julio de 1994. Luego la acondicionaron y cargaron con 300 kilos de amonal y TNT
El vehículo habría permanecido en un estacionamiento público ubicado a cuatro cuadras de la AMIA hasta la mañana del 18 de julio, cuando fue utilizado para ejecutar el ataque en un momento de alta concurrencia
Rafecas aplicó la ley 27.784, que habilita el juicio en ausencia. La normativa permite continuar el proceso aunque los acusados no estén presentes y garantiza su representación mediante un defensor
El magistrado sostuvo que la decisión de cometer el atentado fue adoptada en agosto de 1993 por las máximas autoridades del régimen iraní y encomendada a Hezbollah. De acuerdo con la resolución, la organización coordinó la operación mediante una red regional y local con base en la Triple Frontera
Los delitos atribuidos incluyen homicidios y lesiones reiteradas, agravados por odio racial o religioso y por el uso de un medio capaz de generar un peligro común. También se imputó daño agravado por motivos discriminatorios. El juez calificó el atentado como un crimen de lesa humanidad
Los ocho acusados
Como responsables centrales fueron procesados Alí Fallahijan, exministro de Inteligencia iraní; Alí Velayati, exministro de Relaciones Exteriores; Mohsen Rezai, excomandante de la Guardia Revolucionaria, y Ahmad Vahidi, quien estaba al frente de la fuerza Al Quds
La resolución afirma que los cuatro participaron en la decisión y en la organización del ataque
También fueron procesados como cómplices necesarios Hadi Soleimanpour, exembajador iraní en la Argentina; Mohsen Rabbani, quien se desempeñó como consejero cultural de la embajada iraní y residía en Buenos Aires desde 1983, y Ahmad Asghari, señalado como agente de inteligencia de la Guardia Revolucionaria
El octavo acusado es Salman Raouf Salman, también identificado como Samuel El Reda, un agente libanés de Hezbollah. La Justicia le atribuyó la coordinación de la etapa final del atentado
Los procesamientos podrán ser apelados por el defensor oficial Hernán Silva
Imputados sin mérito y acusados fallecidos
El juez dictó la falta de mérito para Abdallah Salman y Hussein Mouzannar
Además, no analizó la situación del líder supremo iraní Alí Khamenei ni la del dirigente de Hezbollah Imad Mughniyeh, debido a que murieron en 2026 y 2008, respectivamente. Tampoco trató el caso de Alí Hussein Abdallah, un ciudadano libanés vinculado con Hezbollah que falleció en 2020
La conexión con el ataque en Panamá
La resolución también consideró probado que el atentado contra la AMIA estuvo coordinado con otro ataque contra la comunidad judía, cometido al día siguiente en Panamá
En ese episodio, un pasajero suicida hizo explotar un avión de línea. Murieron sus tres tripulantes y 17 pasajeros, 12 de ellos integrantes de la colectividad judía local
Cuatro días después, ambos atentados fueron reivindicados de manera conjunta por Hezbollah desde El Líbano mediante el nombre de cobertura Ansar Allah, según el análisis judicial
A partir del dictamen de la UFI AMIA, Rafecas dispuso dar intervención a la Corte Suprema ante la posible conexión entre esta investigación y la causa por el atentado contra la Embajada de Israel, ocurrido en 1992
La hipótesis sostenida por la Fiscalía es que ambos ataques fueron ejecutados por Hezbollah