BANGKOK, Tailandia. La amnistía para delitos políticos cometidos en las últimas dos décadas entró en vigor este lunes, en un intento por cerrar heridas abiertas por años de inestabilidad, protestas violentas y golpes militares. Sin embargo, la norma deja fuera algunos de los casos más delicados, entre ellos los de lesa majestad, conocidos como difamación de la monarquía
La ley, llamada Peaceful Society Promotion Act, fue aprobada en su votación definitiva por el Parlamento en julio y publicada el domingo en la Gaceta Real. Según estimaciones legislativas, podría abarcar a unas 6.000 personas
Una amnistía amplia, pero con límites claros
La norma cubre una variedad de delitos relacionados con actividades políticas cometidos entre el 1 de enero de 2005 y el 15 de julio de 2025. No solo puede liberar a personas detenidas, sino también cerrar investigaciones y procesos, desestimar causas pendientes y borrar antecedentes penales de quienes califiquen
La aplicación de la amnistía quedará en manos de un comité presidido por el primer ministro. Ese grupo deberá celebrar su primera reunión dentro de los próximos 30 días, aunque todavía no está claro cuánto demorará todo el proceso
Además de los casos de lesa majestad, la ley excluye delitos de corrupción y hechos que hayan causado muerte o lesiones graves
El peso de la lesa majestad
La exclusión de las ofensas contra la monarquía abrió críticas porque, para varios sectores, limita el alcance real de la reconciliación buscada por el gobierno y el Parlamento. La ley de lesa majestad, también conocida como artículo 112 del Código Penal, es una de las normas más controvertidas del país
Sus críticos sostienen que ha sido usada para castigar conductas tan menores como dar “me gusta” a una publicación en Facebook y para frenar la disidencia política. Cualquier persona puede presentar una denuncia, no solo la familia real ni las autoridades, y eso suele derivar en detenciones durante procesos judiciales extensos
Una condena por difamar a la monarquía puede implicar hasta 15 años de prisión
Un conflicto que sigue abierto
Las protestas prodemocráticas encabezadas por estudiantes desde 2020 buscaron reformar esa legislación, pero muchos de sus impulsores terminaron convertidos en blanco de la propia norma
Thai Lawyers for Human Rights, una organización de defensa legal, afirma que desde comienzos de 2020 más de 290 personas, muchas de ellas activistas estudiantiles, fueron acusadas de violar el artículo 112. Hasta julio, el grupo señalaba que al menos 54 seguían encarceladas por casos políticos. Solo unas 10 se esperaba que recibieran beneficios con la nueva amnistía, porque el resto estaba imputado por lesa majestad
La estructura política tailandesa sigue siendo profundamente conservadora y especialmente sensible ante cualquier amenaza percibida al estatus de la monarquía. En el centro de muchas de las disputas de las últimas décadas estuvo el ex primer ministro Thaksin Shinawatra, derrocado por un golpe militar en 2006
Su programa populista le dio fuerte respaldo entre los votantes más pobres, sobre todo en el norte y el noreste rural, pero también alimentó una fractura persistente con las élites urbanas, los monárquicos y las fuerzas armadas. Desde entonces, las protestas violentas y la agitación política se repitieron cada vez que partidos aliados con Thaksin volvieron al poder, mientras él permanecía en el exilio