Madrid, 26 ago

La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) ha alertado de graves retrocesos en los anteproyectos de ley de asilo y de reforma de la ley de extranjería aprobados por el Gobierno, al considerar que incorporan medidas más duras de las exigidas por la Unión Europea

El Ejecutivo dio luz verde este martes a ambas iniciativas, que ahora comienzan su tramitación parlamentaria para adaptar la legislación española al Pacto Europeo de Migración y Asilo, aprobado en 2024

Más dureza en frontera

CEAR sostiene que el texto no responde a las demandas de las organizaciones de derechos humanos, que pedían un enfoque centrado en las personas y sus derechos. La entidad afirma que el Gobierno ha optado por una línea más restrictiva, similar a la de los países con políticas migratorias más severas de la Unión Europea

En el anteproyecto de asilo, la organización ve medidas regresivas que, según denuncia, ya han demostrado ser fallidas y pueden poner en riesgo a personas que necesitan protección internacional

La entidad también lamenta que no se hayan incorporado sus propuestas para reforzar vías legales y seguras, como la posibilidad de solicitar desde embajadas y consulados el traslado a España para tramitar el asilo

Detención y reagrupación familiar

CEAR critica además que la propuesta introduce causas no obligatorias para aplicar el procedimiento fronterizo, menos garantista, y prevé la elaboración de listados nacionales de países seguros, además de excepciones al derecho de asilo en situaciones de crisis o fuerza mayor

La organización advierte de que el texto permitiría ampliar los periodos de detención y privación de libertad tanto durante el triaje, de 72 horas a siete días con autorización judicial, como durante el procedimiento fronterizo, que pasaría de un máximo de ocho días a dos semanas

Asimismo, alerta de que la reforma dificultaría la reagrupación familiar de personas refugiadas al exigir requisitos económicos y de vivienda adecuada cuando la solicitud se presente pasado un año

CEAR concluye que la iniciativa supone un retroceso en garantías como la libertad de movimiento, la reagrupación familiar y el derecho a la información, y añade que tampoco aborda el reconocimiento de las personas apátridas