Varias asociaciones de jueces y fiscales han pedido avanzar hacia una política migratoria integral y coordinada en la Unión Europea después de la incursión masiva registrada en Ceuta durante el jueves y el viernes, a través del espigón del Tarajal
En un comunicado conjunto, expresan su dolor por la pérdida de vidas humanas y trasladan su solidaridad a la población de Ceuta y Melilla
Respeto a la legalidad y a los derechos humanos
Las organizaciones lamentan que estos hechos hayan dejado al menos 72 personas fallecidas, además de un número elevado de heridos y desaparecidos aún por determinar
También sostienen que la respuesta institucional debe basarse en el Estado de derecho y en el respeto a los derechos humanos y fundamentales
Recuerdan que el control de las fronteras es una competencia legítima del Estado y forma parte de su obligación de garantizar la seguridad y el cumplimiento de la ley. Sin embargo, subrayan que esa potestad debe ejercerse siempre dentro del marco constitucional y de los compromisos internacionales asumidos por España
Una tragedia que no debe alimentar el odio
Las asociaciones advierten de que las situaciones de fuerte presión migratoria no rebajan las exigencias del Estado de derecho ni debilitan la vigencia de los derechos fundamentales
En ese sentido, defienden que, precisamente en los momentos de mayor dificultad, las instituciones democráticas deben reforzar su compromiso con la legalidad y la proporcionalidad, sin que importe el origen o la situación administrativa de las personas afectadas
También rechazan que estos acontecimientos se utilicen para impulsar discursos de odio, xenofobia o persecución contra las personas migrantes
Fronteras seguras, protección garantizada
Las entidades firmantes consideran que lo ocurrido demuestra la necesidad de una política migratoria común en la Unión Europea, capaz de combinar una gestión eficaz de las fronteras con la protección de los derechos fundamentales y la salvaguarda de la vida de las personas migrantes
A su juicio, el control fronterizo y el respeto a los derechos no son objetivos incompatibles, sino obligaciones que deben convivir en un Estado social y democrático de derecho
Por eso reclaman un debate público riguroso y respetuoso, alejado de respuestas simplistas o de mensajes que deterioren la convivencia
Su mensaje final resume esa idea: detrás de cada frontera hay personas, y cualquier decisión política debe tener presente la protección de su vida y su dignidad