Patricia Bullrich sostuvo que el proyecto que incorpora la figura del ecocidio al Código Penal no será llevado al recinto. La definición llegó después de que la iniciativa obtuviera dictamen en junio y encendiera las alarmas en el sector agropecuario por su impacto sobre la seguridad jurídica, la propiedad privada y la actividad productiva

Señal política para bajar la tensión

La jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza afirmó que la intención es no avanzar con el debate de la propuesta impulsada por la senadora chubutense Edith Terenzi. El texto había sumado respaldo de legisladores provinciales y de sectores vinculados al peronismo

Tras la repercusión pública, los senadores de La Libertad Avanza que habían acompañado el despacho pidieron retirar sus firmas. Bullrich ya había anticipado que el texto sufriría cambios profundos y que, en los hechos, podría transformarse en una iniciativa distinta

El rechazo del campo

Confederaciones Rurales Argentinas difundió un comunicado crítico en el que cuestionó la técnica legislativa del proyecto y advirtió que podría chocar con garantías constitucionales. La entidad remarcó que la protección ambiental es un objetivo central, pero sostuvo que no puede sostenerse sobre normas penales imprecisas

También señaló que la Argentina ya cuenta con leyes ambientales y provinciales para abordar este tipo de conflictos. Desde su mirada, el problema no pasa por la falta de reglas, sino por la necesidad de hacer cumplir las que ya existen

Las dudas sobre la nueva figura penal

Uno de los principales reparos apunta a la definición del delito. La entidad objetó que el texto use expresiones abiertas como daño ambiental irreversible, equidad intergeneracional o afectación multiecosistémica, sin parámetros claros para determinar cuándo una conducta quedaría alcanzada por la figura penal

Además, cuestionó que la redacción remita a normas nacionales, provinciales y municipales, algo que a su juicio configuraría una ley penal en blanco. Según esa mirada, una misma conducta podría recibir trato distinto según la jurisdicción

Alcance y sanciones

El proyecto propone crear un nuevo Título XIV dentro del Código Penal, bajo la denominación Delitos contra el ambiente. Allí incorpora el ecocidio como el daño irreversible o especialmente grave causado en violación de normas de protección ambiental

Prevé penas de tres a 10 años de prisión para daños especialmente graves, extensos y duraderos, y eleva el castigo a entre cinco y 15 años si el daño es irreversible. Si el hecho provoca víctimas fatales, las penas subirían a un rango de cinco a 25 años, con un mínimo de 10 años cuando haya dos o más muertes

El texto también contempla responsabilidad penal para empresas, con multas de hasta cinco veces el beneficio obtenido, suspensión de actividades, pérdida de beneficios estatales y restricciones para contratar con el Estado

Un debate que excede al agro

La preocupación expresada por las entidades rurales no se limita al campo. El alcance potencial del proyecto también podría involucrar a la industria, la minería, la energía, la infraestructura, el transporte y otras actividades vinculadas al uso de recursos naturales

En los fundamentos, la autora del proyecto afirma que el Código Penal no contempla delitos ambientales como categoría autónoma y que la legislación vigente resulta insuficiente frente al deterioro de los ecosistemas. La propuesta se presenta como un cambio de fondo en la política penal ambiental