El Gobierno anunció que la Cancillería pondrá en marcha un proceso sancionatorio contra 45 personas humanas y jurídicas por presuntas actividades de exploración y explotación de hidrocarburos en las Islas Malvinas
La administración nacional sostuvo que buscará verificar eventuales incumplimientos del artículo 2 de la Ley 26.659 y, si corresponde, aplicar sanciones por operaciones que considera prohibidas en el área en disputa
El alcance de la investigación
Desde la Oficina de Prensa señalaron que el procedimiento no se limitará a las compañías que desarrollan tareas en la plataforma continental, sino que también incluirá a accionistas y a empresas que prestan servicios para sostener esas actividades
En el mensaje oficial, el Ejecutivo ratificó que las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, junto con los espacios marítimos e insulares correspondientes, forman parte del territorio argentino y acusó a la ocupación británica de profundizar la extracción de recursos naturales
El proyecto Sea Lion en el centro del conflicto
El anuncio llegó horas después del mensaje presidencial por cadena nacional, en el que Javier Milei volvió a reivindicar el reclamo de soberanía y cuestionó el avance del proyecto Sea Lion, un desarrollo offshore ubicado en la Cuenca Malvinas Norte
La iniciativa es encabezada por Navitas Petroleum, con el 65% del negocio, y Rockhopper Exploration, con el 35% restante. El yacimiento fue descubierto en 2010, está a unos 220 kilómetros al norte de las islas y a 450 metros de profundidad
A fines de 2025, ambas compañías tomaron la decisión final de inversión para la primera etapa del proyecto. Según datos de Navitas, el yacimiento contaba al 31 de julio con reservas probadas y probables por 314 millones de barriles, una producción estimada de 50.000 barriles diarios y una primera extracción prevista para marzo de 2028
El plan completo contempla más de 60 pozos submarinos distribuidos en dos áreas de desarrollo
Antecedentes y rechazo oficial
La Cancillería ya había rechazado en diciembre de 2025 la decisión de inversión adoptada por las dos empresas y las había considerado licenciatarias ilegítimas por operar sin autorización de la autoridad nacional competente
En ese momento, el organismo afirmó que toda explotación unilateral de recursos en una zona alcanzada por la disputa de soberanía contradice las resoluciones 2065 y 31/49 de la Asamblea General de las Naciones Unidas. También extendió su objeción a concesiones, contratación de proveedores y cualquier acto ligado al avance del emprendimiento
Además, el Gobierno recordó que ya existían antecedentes sancionatorios: Rockhopper Exploration fue declarada clandestina e inhabilitada para operar en la Argentina durante 20 años por la Resolución 133/2012, mientras que Navitas Petroleum recibió una sanción similar mediante la Resolución 240/2022