California aprobó nuevas medidas para proteger la identidad y los domicilios de personas relacionadas con la asistencia migratoria. La Ley de la Asamblea 2624 fue impulsada por Mia Bonta y promulgada por el gobernador Gavin Newsom
Un domicilio sustituto para limitar la exposición
La norma incorporará a determinados beneficiarios al programa estatal Safe at Home. Quienes cumplan los requisitos podrán utilizar una dirección alternativa en registros oficiales, de modo que su domicilio real no quede publicado
La Secretaría de Estado de California administrará el programa y recibirá las solicitudes. Las inscripciones comenzarán el 1° de octubre de 2027. Una vez aprobada la participación, las agencias estatales y locales deberán emplear la dirección sustituta en los registros alcanzados por la medida
La protección también podrá abarcar información vinculada con escuelas y lugares de trabajo. El objetivo es dificultar la localización de las personas protegidas mediante documentos públicos
Quiénes podrán acceder al programa
La medida comprende a abogados, empleados y voluntarios de organizaciones de ayuda migratoria, además de personas que reciben o buscan asistencia cuando enfrentan amenazas u hostigamiento
Entre las entidades incluidas figuran organizaciones sin fines de lucro, clínicas jurídicas comunitarias, estudios de abogados, entidades con representantes acreditados y centros de salud. Los servicios contemplados incluyen representación legal, asesoramiento, gestión de casos, defensa de derechos, traducción, referencias a recursos humanitarios, consejería y atención médica
La cobertura también puede extenderse a familiares y convivientes de las personas amparadas cuando estén expuestos a amenazas o a la divulgación no autorizada de sus datos
Multas y penas por divulgar datos personales
La ley prohíbe publicar o distribuir en internet direcciones, fotografías u otra información personal con la intención de intimidar a las personas protegidas o incitar a terceros a ejercer violencia contra ellas
Las infracciones pueden implicar multas de hasta US$10.000 por cada violación y penas de hasta un año de cárcel. Si la divulgación provoca lesiones corporales a la víctima o a familiares convivientes, el hecho puede constituir un delito grave, con multas de hasta US$50.000, prisión o ambas sanciones
También podrán ser procesadas como delitos menores las personas que presenten deliberadamente información falsa o falsifiquen firmas para ingresar al programa de confidencialidad
Reclamos civiles por doxxing
Además de las sanciones penales, las personas afectadas y las organizaciones autorizadas para representarlas podrán iniciar demandas por los daños causados por la divulgación ilegal
Los tribunales podrán fijar indemnizaciones de hasta tres veces el monto del daño real, con un mínimo de US$4000, según las condiciones previstas por la norma. La parte responsable también podría afrontar los costos judiciales y los honorarios legales