Cada día, miles de vehículos circulan por California sin que sus conductores adviertan que sus matrículas pueden quedar registradas por cámaras automáticas. La tecnología se volvió una herramienta frecuente para las fuerzas de seguridad, pero también alimentó la discusión sobre privacidad, vigilancia y resguardo de datos personales

Un tope de 30 días para los registros

El proyecto SB 1013, conocido como Automated License Plate Recognition Data Accountability Act, avanza en la Legislatura estatal con cambios sobre el uso de los sistemas de lectura automática de matrículas. La iniciativa redefine estos mecanismos como bases de datos generadas por cámaras fijas o móviles que capturan imágenes de patentes y convierten esos caracteres en información digital consultable después

La propuesta también ajusta las categorías de operadores, usuarios y organismos alcanzados por la norma, y excluye a ciertos entes de transporte y operadores aeroportuarios cuando la tecnología se usa solo para funciones de estacionamiento

Además, amplía la definición de las llamadas listas calientes, que son las bases con las que el sistema compara las matrículas detectadas en tiempo real. Allí se incluyen registros de vehículos robados, alertas oficiales y otras listas vinculadas con personas desaparecidas, robos, hurtos de gran magnitud y delitos violentos

El texto fija un límite general de 30 días para conservar los datos captados por estos lectores, salvo que formen parte de una investigación activa, un proceso penal o coincidan con una alerta autorizada. Desde el 1 de enero de 2027, las agencias públicas tendrían 14 días para borrar la información que exceda ese plazo y no esté alcanzada por excepciones legales

Más controles sobre quién accede a la información

Uno de los ejes centrales del proyecto es imponer mayores obligaciones a las agencias que operan o usan estos sistemas. La norma exigiría medidas razonables de seguridad para evitar accesos no autorizados, alteraciones, destrucción o divulgaciones indebidas de los datos

Entre esas exigencias figuran limitar qué empleados pueden consultar la información, pedir autorización de supervisores para determinados accesos, aplicar sistemas robustos de autenticación y conservar un registro de las búsquedas realizadas

También se prevé capacitación obligatoria en seguridad informática y protección de datos personales para todo el personal con acceso a la información

Cada operador y usuario debería, además, publicar una política escrita de uso y privacidad en su sitio web, cuando tenga uno disponible. Ese documento tendría que detallar los fines autorizados del sistema, quiénes pueden acceder, los requisitos de capacitación, los mecanismos de supervisión y auditoría, las reglas para compartir o transferir datos, el responsable del sistema, el modo de corregir errores y el tiempo de conservación de los registros

Registro de consultas y auditorías

La iniciativa refuerza también la trazabilidad de cada búsqueda. Toda consulta realizada sobre datos obtenidos mediante lectores automáticos debería dejar constancia de la fecha y hora, la matrícula consultada u otros datos usados, el nombre de usuario, la organización a la que pertenece y, en general, un número de expediente que justifique el acceso

La única excepción prevista alcanza a determinadas investigaciones de grupos de trabajo interinstitucionales dirigidos por el Departamento de Justicia de California, donde se podría consignar el nombre de la fuerza de tarea y de su responsable en lugar del número de expediente

El proyecto además ordena auditorías aleatorias anuales para verificar el cumplimiento de las políticas de privacidad, aunque esa obligación solo entraría en vigor si se aprueba una partida presupuestaria específica

Una discusión que sigue abierta

La polémica sobre esta tecnología no es nueva. Desde 2019, legisladores demócratas intentaron sin éxito avanzar con mayores restricciones para su uso policial

La senadora Sabrina Cervantes, autora de la propuesta actual, sostiene que el objetivo es proteger la privacidad sin eliminar una herramienta que usan las fuerzas de seguridad. Del otro lado, asociaciones policiales y sindicatos afirman que estos sistemas fueron claves para esclarecer homicidios, robos, atropellos con fuga, recuperar vehículos robados y localizar personas buscadas

Según datos citados en el debate legislativo, al menos 230 departamentos policiales y oficinas de sheriff del estado utilizan miles de cámaras instaladas en rutas y patrulleros

El año pasado, Gavin Newsom vetó una iniciativa similar. En ese caso, argumentó que borrar la información demasiado rápido y restringir el intercambio de datos podía dificultar investigaciones complejas, casos sin resolver y la búsqueda de personas desaparecidas. También señaló que no había fondos previstos para financiar las auditorías obligatorias