El Servicio de Impuestos Internos (IRS) y el Departamento del Tesoro de Estados Unidos presentaron una propuesta normativa que modificaría el acceso a la parte reembolsable de cuatro créditos fiscales individuales correspondientes al año tributario 2026
La iniciativa se apoya en el Título IV de la Ley de Reconciliación de Responsabilidad Personal y Oportunidad de Trabajo de 1996 (PRWORA). Según el planteo, el dinero entregado cuando un crédito supera los impuestos adeudados sería considerado un beneficio público federal
Los cuatro créditos alcanzados
La propuesta incluye los siguientes beneficios
- Earned Income Credit (EITC): destinado a determinados trabajadores con ingresos elegibles.
- Child Tax Credit (CTC): incluida su parte adicional reembolsable (ACTC).
- American Opportunity Tax Credit (AOTC): relacionado con ciertos gastos educativos.
- Adoption Tax Credit (ATC): vinculado con gastos de adopción.
La restricción no eliminaría necesariamente todo el beneficio. Las personas alcanzadas todavía podrían utilizar el crédito para reducir los impuestos adeudados, pero no recibirían el importe excedente como reembolso si no cumplen con la condición migratoria prevista
El Tesoro y el IRS calculan que unos 49 millones de contribuyentes reclamarían al menos uno de estos créditos durante 2026. Alrededor de 24 millones obtendrían una parte reembolsable y entre 200.000 y 700.000 podrían quedar excluidos de ese pago adicional, aunque la estimación es aproximada
Quiénes entrarían en la categoría de extranjero calificado
La propuesta toma la definición de “qualified alien” establecida por la PRWORA. Entre las categorías contempladas se encuentran
- Residentes permanentes legales.
- Personas a quienes se les concedió asilo.
- Refugiados.
- Determinados beneficiarios de parole por un período mínimo de un año.
- Algunos inmigrantes cuya deportación o expulsión fue suspendida.
- Personas con ciertas formas de entrada condicional.
- Entrantes cubanos o haitianos.
- Residentes legales de países vinculados mediante un Pacto de Libre Asociación.
- Determinados sobrevivientes de violencia doméstica o crueldad extrema que cumplan los requisitos federales.
La clasificación se basa en las categorías de la sección 431(b) de la PRWORA, incorporada en el artículo 8 U.S.C. 1641(b). En los matrimonios que presentan una declaración conjunta, si uno de los cónyuges es ciudadano estadounidense, nacional estadounidense o extranjero calificado, el otro también sería tratado como “qualified alien” para esta regla
El estatus se evaluaría al presentar la declaración
La condición migratoria se analizaría en la fecha en que el contribuyente presenta la declaración donde reclama por primera vez el crédito del año fiscal correspondiente. Esto abarcaría presentaciones realizadas antes del vencimiento, dentro del plazo o después de la fecha límite
Un cambio posterior en el estatus no modificaría la situación existente al momento de la primera solicitud. Por ejemplo, quien no fuera extranjero calificado al presentar su declaración original no podría recuperar posteriormente el reembolso mediante una declaración enmendada si ya había reclamado el crédito
La situación sería distinta si el crédito no fue solicitado originalmente. En ese caso, una persona que lo reclame por primera vez mediante una declaración enmendada podría acceder a la parte reembolsable si ya cumple con los requisitos migratorios
La certificación se incorporaría a la declaración
El IRS plantea que los contribuyentes informen su ciudadanía o estatus migratorio mediante un formulario o anexo incluido en la declaración de impuestos. El documento mencionado en la propuesta es el Schedule 3-A, aunque el secretario del Tesoro podría designar otro
No sería necesario adjuntar documentación migratoria adicional para realizar la certificación. El contribuyente debería declarar, bajo pena de perjurio, que es ciudadano estadounidense, nacional estadounidense o extranjero calificado
La falta de esa declaración en el formato requerido impediría recibir la parte reembolsable de los créditos incluidos. Además, la presentación deliberada de información falsa o engañosa sobre la ciudadanía o el estatus migratorio podría derivar en multas y penas de prisión conforme a la legislación federal