Una propuesta en California podría dejar sin licencia de conducir por ocho años a personas con tres condenas por determinados delitos vinculados al alcohol o las drogas. El proyecto, conocido como Ley de Irene, facultaría al Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) a aplicar esa sanción para apartar de las rutas a conductores reincidentes
Qué prevé el proyecto
La iniciativa AB 1687, presentada por el asambleísta Tom Lackey, autoriza al DMV a revocar el privilegio de manejar cuando una persona acumule tres o más condenas específicas dentro de un período de diez años
La medida no sería obligatoria en todos los casos. El texto deja en manos del DMV la decisión de aplicarla. Si el organismo impone la sanción, la revocación duraría ocho años y, antes de recuperar la licencia, la persona tendría que acreditar responsabilidad financiera
La salida anticipada que contempla la norma
El proyecto también abre una posibilidad de restitución antes del plazo completo. Después de cuatro años desde la última condena, el conductor podría pedir que le devuelvan el permiso, siempre que cumpla varios requisitos
Para acceder a esa excepción, deberá presentar el formulario de verificación de instalación y aceptar el uso de un dispositivo de bloqueo de encendido, que tendrá que permanecer en el vehículo durante los dos años siguientes a la recuperación de la licencia
El DMV solo podría aprobar el pedido si la persona no recibió nuevas condenas estatales por alcohol o drogas durante la revocación, completó un programa autorizado para infractores por conducir bajo los efectos del alcohol cuando corresponda y no fue condenada por manejar con la licencia suspendida o revocada en ese período
La autorización se anularía de inmediato si el conductor intentara retirar, manipular o eludir el dispositivo. Lo mismo ocurriría si lo quitara antes de tiempo o incumpliera tres veces con los requisitos de mantenimiento o calibración. En esos casos, debería completar el tiempo restante de la sanción original
Qué conductas quedan alcanzadas
Las tres condenas necesarias pueden surgir de una misma categoría de delito o de la combinación de varias conductas incluidas en el proyecto
Entre los casos contemplados figuran el homicidio vehicular bajo intoxicación, el homicidio vehicular bajo intoxicación sin negligencia grave con antecedentes previos, el homicidio vehicular bajo intoxicación en la conducción de una embarcación, conducir bajo los efectos del alcohol o las drogas con antecedentes, y provocar lesiones graves mientras se maneja bajo intoxicación
También se incluyen supuestos de conducción bajo intoxicación con lesiones corporales y reincidencia dentro de los plazos establecidos para cada delito
El origen del nombre
La iniciativa lleva el nombre de Irene en homenaje a una niña de 12 años que murió a manos de un conductor con cuatro antecedentes. La víctima era hermana de Rhonda Campbell, responsable de servicios para víctimas de Mothers Against Drunk Driving en California
Campbell sostuvo que la propuesta ayudaría a mantener fuera de las carreteras a los reincidentes más peligrosos y, al mismo tiempo, conservaría una vía de rehabilitación mediante requisitos, tratamiento y el uso del dispositivo de bloqueo de encendido
Del otro lado, la Asociación de Defensores Públicos de California expresó reparos por el impacto laboral y económico de sanciones tan prolongadas. La organización advirtió que la pérdida del permiso puede golpear con más fuerza a trabajadores de bajos ingresos que dependen de un vehículo
En qué etapa está
La Asamblea ya aprobó la iniciativa por 73 votos a favor y ninguno en contra. Después avanzó en el Senado, donde recibió respaldo unánime en el Comité de Seguridad Pública y luego en el Comité de Transporte
Ahora está en el Comité de Asignaciones, que fijó una audiencia para el 3 de agosto. Si supera esa instancia y luego obtiene aprobación en el pleno del Senado, deberá volver a la Asamblea por las enmiendas introducidas antes de llegar al gobernador
La AB 1687 no tiene una fecha específica de entrada en vigor. Como no fue declarada urgente, si se convierte en ley durante 2026 comenzaría a regir el 1 de enero de 2027