La Cámara Federal de Rosario abrió la puerta para que la Cámara Federal de Casación Penal revise la suspensión dictada en una de las causas contra el exjuez Marcelo Bailaque por presunta extorsión. La decisión alcanza el tramo del expediente vinculado con los empresarios Claudio Iglesias y Jorge Oneto, y quedó atada a una definición pendiente de la Corte Suprema sobre el régimen procesal aplicable

La disputa por el trámite

El planteo se originó el 25 de agosto, cuando el juez Aníbal Pineda entendió que la causa podía avanzar hasta el eventual auto de apertura a juicio, pero debía quedar paralizada desde ese punto hasta que el máximo tribunal resolviera si corresponde aplicar el Código Procesal Penal Federal o el esquema anterior

En esa resolución, el magistrado ordenó suspender la tramitación del legajo y mantener la causa bajo la órbita del Colegio de Jueces de Garantías. Al mismo tiempo, dejó a salvo la posibilidad de que la Fiscalía siguiera investigando a otras personas vinculadas con el expediente

La acusación se opuso a la medida. Sostuvo que la cuestión de competencia no detiene, como regla, la investigación preparatoria ni el control de la acusación, y advirtió que una paralización de ese tipo puede afectar la estrategia del caso, fragmentar el juzgamiento y extender el proceso por tiempo indefinido

Los fiscales también señalaron que la resolución les causa un perjuicio actual de difícil reparación y remarcaron que el paso del tiempo puede dañar la prueba. Además, pusieron el foco en la situación de Bailaque, que permanece detenido, y plantearon que la suspensión prolonga su privación de libertad sin actividad procesal concreta orientada al juicio

El paso siguiente

Al conceder la impugnación, Pineda sostuvo que los efectos de la paralización pueden equipararse a una sentencia definitiva, porque impedirían la continuidad del caso una vez alcanzada la apertura a juicio. De todos modos, aclaró que habilitar el recurso no implica compartir los argumentos de fondo de la acusación

Casación deberá decidir ahora si mantiene la suspensión o si permite que el expediente siga su recorrido hacia el debate oral. La definición puede marcar el ritmo de una de las causas más avanzadas contra el exjuez

El trasfondo del caso

Según la acusación, desde el juzgado de Bailaque se habría impulsado una causa contra Iglesias y Oneto para presionarlos y obtener dinero a cambio de evitarles consecuencias judiciales. La maniobra, de acuerdo con el expediente, habría comenzado en 2019

En febrero de este año, el Ministerio Público Fiscal formalizó la acusación y estimó una pena de 10 años de prisión para Bailaque si el caso llega a juicio oral. El exjuez enfrenta cargos por prevaricato, abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público, allanamiento ilegal, falsedad ideológica, extorsión, recepción de dádivas y lavado de activos

Bailaque desarrolló gran parte de su carrera en el Poder Judicial, fue juez federal en Rosario desde 2008 y dejó el cargo en 2025, cuando ya acumulaba otras investigaciones penales y un expediente disciplinario. Tras su renuncia, perdió los fueros y comenzó a regir la prisión preventiva domiciliaria

La investigación también involucra a Carlos Vaudagna y a Fernando Whpei. La acusación sostiene que, a partir de una denuncia anónima, se reclamaron inicialmente 200.000 dólares y que Iglesias terminó entregando 160.000 en distintos pagos