Un estudio científico identificó seis estrategias administrativas que, según sus autores, favorecieron la deforestación y debilitaron la protección de bosques nativos en Chaco entre 2009 y 2024. El trabajo se apoyó en análisis geográficos y en datos oficiales obtenidos mediante pedidos de acceso a la información pública

Un esquema que se repitió durante varios gobiernos

Los investigadores sostienen que las maniobras atravesaron distintas administraciones provinciales y que beneficiaron a actividades agrícolas, ganaderas y forestales. Según el trabajo, la lógica fue similar en todos los casos: legalizar áreas ya desmontadas, habilitar usos productivos en zonas sensibles y reducir el costo de infringir la norma

El equipo estuvo integrado por los biólogos Matías Mastrangelo y Sebastián Aguiar, del Conicet, y la ambientóloga Vera Krause, del Julius Kühn-Institut, en Alemania. Para los autores, el desmonte en la región chaqueña funcionó como una política sostenida en el tiempo

El mapa de protección, en disputa

La ley de bosques nativos exige que cada provincia defina un ordenamiento territorial con tres categorías: rojo, para áreas de máxima protección; amarillo, para usos de bajo impacto; y verde, para zonas donde puede autorizarse el cambio de uso del suelo. Ese esquema debe revisarse cada cinco años

Según el estudio, en Chaco se usaron recategorizaciones para pasar superficies protegidas de amarillo a verde. En 2012, ante el pedido de grandes propietarios, las autoridades modificaron la clasificación de zonas que luego fueron desmontadas. Entre 2013 y 2018, esas propiedades perdieron 34.300 hectáreas de bosque nativo

Los autores afirman que el mecanismo dejó de ser excepcional y se volvió sistemático, en tensión con el principio de no regresión que rige tanto la Ley de Bosques como la Ley General del Ambiente

Permisos amplios en zonas amarillas

El informe también cuestiona los permisos otorgados dentro de áreas amarillas, donde solo deberían permitirse actividades de muy bajo impacto. En Chaco, esa categoría incluye manejos silvopastoriles y extracción selectiva de madera

El estudio señala que el 64% del área forestal con permiso silvopastoril resultó indistinguible de un terreno completamente desmontado por la degradación progresiva de los árboles dispersos. Además, los investigadores sostienen que los criterios técnicos para habilitar esos permisos fueron demasiado laxos y que no existen pautas estrictas para asegurar la regeneración del bosque

Entre 2010 y 2024 se otorgaron casi 8000 permisos sobre 784.000 hectáreas. En ese universo, según el trabajo, se superaron los límites de extracción en las autorizaciones silvopastoriles y también en las de tala selectiva

La madera del desmonte, al mercado

Otra de las estrategias identificadas fue la venta de madera proveniente de desmontes ilegales. En lugar de ser confiscada, la madera quedaba disponible para industrias como las tanineras o las carboneras

Los autores reconocen que esa figura existe en la ley, pero remarcan que fue pensada como una medida excepcional. De acuerdo con su análisis, entre 2020 y 2024 la autoridad provincial emitió autorizaciones especiales sobre una superficie casi diez veces mayor que la registrada en la década anterior. En 2024, sostienen, el 55% de la madera extraída en Chaco provino de desmontes ilegales canalizados por esa vía

Multas que no desalientan

El estudio también apunta al bajo costo de las sanciones. En promedio, entre 2010 y 2024, la multa por hectárea desmontada fue equivalente a US$850. Los investigadores afirman que la relación entre multa y ganancia potencial se deterioró con los años y que, en 2024, la venta de quebracho colorado podía cubrir la sanción y dejar una ganancia inmediata

Desde el gobierno provincial señalaron que en 2025 se modificó el régimen de infracciones forestales y que las multas pasaron de dos a 12 salarios mínimos vitales y móviles. Los autores aclaran que ese cambio no formó parte del período analizado

Un ordenamiento que legalizó el pasado

La actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos de 2024 es otro de los ejes del trabajo. Aunque el nuevo mapa aumentó las áreas protegidas en amarillo y rojo, los investigadores dicen que también dejó afuera 270.000 hectáreas que habían sido desmontadas ilegalmente entre 2009 y 2024, lo que habría terminado por legalizar ese daño previo

Además, sostienen que se redujo la protección de otras 220.000 hectáreas con alto valor de conservación y fuerte presión de conversión, mientras que solo 126.000 hectáreas con baja presión recibieron una mayor protección

Desde la administración provincial rechazaron esa interpretación y defendieron la actualización como un sinceramiento técnico y legal. Aseguran que las áreas desmontadas fueron incorporadas como zonas a restaurar y que la política actual busca ordenar el sistema forestal y fortalecer el control

Efecto ambiental y comercial

Los autores advierten que estas prácticas pueden chocar con nuevas exigencias internacionales de trazabilidad y con normas que restringen el comercio de productos asociados a la deforestación ilegal. También señalan que el caso de Chaco deja abierta una discusión más amplia sobre la seguridad jurídica de la actividad forestal y agrícola en la región

El trabajo concluye que, durante más de una década, la regulación provincial combinó decisiones que facilitaron la pérdida de bosque nativo y mejoraron la viabilidad económica del desmonte. Para los investigadores, ese proceso todavía deja un daño ambiental cuya magnitud e irreversibilidad siguen en disputa