La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por medio de su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, advirtió sobre el aumento de la violencia contra periodistas en México y señaló que en 2026 ya suman siete los asesinatos de integrantes de la prensa

El organismo también consideró alarmante que, en los casos de Josué Martínez Contreras y Francisco Alejandro Leyva Aguilar, no haya indicios de investigaciones oportunas sobre las amenazas que ambos habían denunciado antes de ser atacados

Violencia que golpea a la prensa

De acuerdo con la información difundida, en México existe coordinación entre la Secretaría de Gobernación, a través del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, y la Fiscalía General de la República, mediante la fiscalía especializada en delitos contra la libertad de expresión, para apoyar a las familias de las víctimas

La comisión subrayó que esa respuesta institucional resulta insuficiente frente a la persistencia de agresiones letales contra comunicadores y pidió reforzar las medidas de protección y las investigaciones relacionadas con estos casos

Dos asesinatos bajo la misma alerta

Josué Martínez Contreras fue asesinado el 16 de julio de 2026 en San Martín Texmelucan, Puebla. Según los reportes oficiales, dos personas en motocicleta le dispararon y huyeron del lugar. En meses previos, el periodista había hecho públicas amenazas e intentos de intimidación ligados a su trabajo informativo

Tras el crimen, autoridades estatales condenaron lo ocurrido, la Secretaría de Gobernación ofreció respaldo a la familia y el caso fue turnado al Gabinete de Seguridad Federal. Además, se informó la detención de una persona relacionada con un presunto delito de soborno dentro del proceso, mientras la investigación por homicidio sigue abierta

Días después, el 22 de julio, Francisco Alejandro Leyva Aguilar fue atacado a tiros en San Pablo Etla, Oaxaca. Además de sus actividades públicas, mantenía presencia como columnista de análisis político. Un año antes había denunciado amenazas de muerte que atribuyó a campañas de desprestigio presuntamente impulsadas por actores estatales, sin haber recibido medidas de protección

Luego de su asesinato, la fiscalía especializada atrajo el expediente y se informó que su familia cuenta con acompañamiento de instancias federales de atención a periodistas y víctimas

Una exigencia de prevención real

La Relatoría Especial advirtió que resulta especialmente grave que ambos periodistas hubieran denunciado amenazas sin que se adviertan acciones eficaces para investigarlas o frenar el riesgo

El organismo recordó que asesinar, amenazar o intimidar a periodistas vulnera derechos fundamentales y afecta directamente la libertad de expresión. También sostuvo que este tipo de violencia inhibe a otros comunicadores y limita el derecho de la sociedad a recibir información diversa

Ante este panorama, pidió revisar con urgencia la efectividad de los mecanismos de protección existentes en México y reiteró que los Estados deben prevenir, investigar, sancionar y reparar estos delitos. La protección de la prensa, señaló, es una condición indispensable para la democracia