HARLINGEN, Texas.- Organizaciones de defensa de migrantes advirtieron que miles de niños y adolescentes que ingresaron solos a Estados Unidos podrían quedarse sin representación legal en tribunales de inmigración, luego de que venciera un contrato federal que financiaba esos servicios
El acuerdo permitía al gobierno pagar la asistencia jurídica para menores que cruzaron la frontera sin padre, madre o tutor. A través de una red de casi 100 grupos legales en todo el país, ese esquema alcanzaba a unos 20.000 chicos
Incertidumbre para la próxima semana
Las entidades que prestan asistencia señalaron que no está claro qué ocurrirá a partir del lunes ni si podrán seguir visitando a sus clientes en los refugios donde residen
Melissa Lopez, directora ejecutiva de Estrella El Paso, dijo que no hay certezas sobre la continuidad de la representación legal ni sobre quién asumiría esas defensas. Su organización representa actualmente a 243 menores no acompañados en el oeste de Texas y Nuevo México
Más riesgo de expulsión
Los abogados y defensores sostienen que, sin ayuda jurídica, los menores tendrán muchas menos posibilidades de defenderse en un sistema migratorio complejo y aumentará la probabilidad de que sean deportados a los países de los que huyeron
También remarcaron que el programa permitía a los grupos legales ingresar en albergues financiados por el gobierno para informar a los niños sobre sus derechos y representarlos directamente en sus procesos
Tensión financiera y presión administrativa
El final del contrato coincide con otra queja de las organizaciones: aseguran que no cobran desde hace más de seis meses
Según los prestadores, la administración federal retiene los pagos mientras exige datos detallados sobre sus clientes, información que dicen no haber debido entregar antes y que consideran incompatible con sus obligaciones éticas
En paralelo, advierten sobre despidos y suspensiones temporales de personal si no se destraban las facturas pendientes
Protecciones legales en juego
Los menores que viajan solos suelen quedar bajo custodia del gobierno de Estados Unidos y cuentan con protecciones específicas. Entre ellas, la ley busca facilitar el acceso a representación legal para quienes enfrenten un proceso de deportación
En general, también establece que deben ser ubicados en la alternativa menos restrictiva posible, lo que suele implicar su liberación a un patrocinador, como un familiar en el país, mientras avanzan sus casos. Además, pueden solicitar asilo o un estatus especial si no pueden regresar a su país por abuso o negligencia