Autoridades locales, residentes y más de 60 legisladores estatales y congresistas pidieron a la gobernadora Kathy Hochul que intervenga para impedir la puesta en marcha de un posible centro de detención migratoria de ICE en Newburgh
El reclamo se intensificó tras las primeras objeciones planteadas el 2 de julio por el congresista Pat Ryan. Desde entonces, la oposición local sumó resoluciones formales de rechazo y nuevas acciones para bloquear cualquier avance del proyecto
Un rechazo político y vecinal
La Junta Municipal de Newburgh y la Legislatura del condado de Orange aprobaron resoluciones contra la iniciativa. En el caso del condado, los 14 legisladores presentes votaron a favor
El supervisor municipal, Gil Piaquadio, aseguró que el ayuntamiento agotará las vías legales disponibles. Además, un grupo de legisladores impulsa cortar el acceso de la instalación a los servicios locales de agua y alcantarillado para complicar su funcionamiento
Hochul, por su parte, envió una carta al secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, para pedir precisiones sobre el plan. Hasta ahora no hubo una respuesta oficial desde el ámbito federal
El inmueble bajo la lupa
La atención está puesta en un predio vacío de unos 42.377 pies cuadrados, equivalentes a 3.937 metros cuadrados, sobre Corporate Boulevard. Los documentos vinculados al caso surgieron en un portal de investigación y apuntan a un espacio que el gobierno federal habría arrendado para tareas de procesamiento de detenidos
El contrato habría sido adjudicado a Leverage Enterprises por unos US$35,5 millones durante 15 años. El inmueble queda a cerca de una milla del Aeropuerto Internacional Stewart, un dato que alimentó especulaciones sobre su posible uso logístico
Por ahora, ICE no confirmó públicamente el destino final del lugar, aunque las características del inmueble coinciden con las del registro federal
La pelea por la ley estatal
En paralelo, Nueva York mantiene una norma que prohíbe a las fuerzas policiales locales ceder cárceles y recursos a autoridades federales. La medida busca limitar la capacidad operativa del gobierno central dentro del estado
Solo Nassau y Rensselaer rechazaron sumarse a esa disposición. La fiscalía general estatal ya emitió citaciones judiciales contra ambas administraciones como paso previo a eventuales demandas
El ejecutivo de Nassau, Bruce Blakeman, defendió la cooperación con fuerzas federales y afirmó que esa colaboración permitió la expulsión de más de 2000 personas. Hochul respondió con dureza y sostuvo que ningún funcionario local puede colocarse por encima de la ley
La vocera de la gobernación, Jen Goodman, evitó confirmar si se recurrirá a decretos ejecutivos para frenar la obra. El gobierno estatal, mientras tanto, insiste en que la participación de las comunidades será clave antes de autorizar cualquier construcción