El pedido de facultades legislativas por 120 días que presentó el Ejecutivo peruano abrió una discusión sobre seguridad ciudadana, dinamización económica y empleo juvenil. El desempleo entre los jóvenes llegó al 10,7% en 2025, una cifra que duplica el promedio nacional y refleja las barreras de acceso al trabajo formal

La iniciativa busca habilitar la emisión de decretos legislativos en materias específicas. Entre sus ejes aparece la creación de medidas para ampliar la oferta laboral y financiar contrataciones de jóvenes en empresas, aunque todavía no se conocen con claridad los requisitos, los mecanismos de financiamiento ni los criterios para evaluar resultados

Seguridad y actividad económica

La seguridad ciudadana figura entre los argumentos centrales del pedido. La economista Paola del Carpio, de la Red de Estudios para el Desarrollo, sostuvo que las extorsiones se multiplicaron por cinco desde antes de la pandemia y que ese avance golpea con fuerza a pequeños y medianos negocios

El impacto no se limita a las pérdidas directas. Cuando una empresa reduce horarios, posterga inversiones o evita abrir nuevas sedes por temor a la inseguridad, también achica sus posibilidades de contratar personal. Para los jóvenes que buscan su primer empleo, eso significa menos vacantes y más obstáculos de ingreso

Medidas laborales todavía abiertas

El capítulo laboral del pedido incluye seis medidas orientadas a mejorar la inserción de jóvenes. Sin embargo, el documento aún no define qué empresas podrán acceder a los incentivos, qué condiciones deberán cumplir ni cuánto tiempo durarán los beneficios

Tampoco están precisados los criterios para identificar a los jóvenes alcanzados por la política. Ese punto es relevante porque el desempleo juvenil no afecta a todos por igual: influyen el nivel educativo, el lugar de residencia, la experiencia previa y el acceso a redes de contacto

Una brecha que persiste

Del Carpio señaló que el empleo general mostró una mejora tras la pandemia, pero que esa recuperación no alcanzó con la misma intensidad a los jóvenes. La distancia entre ambos indicadores confirma una brecha que no se resuelve solo con más vacantes

Quienes ingresan por primera vez al mercado laboral suelen competir con personas que ya tienen experiencia, formación específica o mayor estabilidad. Por eso, la propuesta menciona la capacitación como parte de la respuesta, aunque sin detallar qué tipo de formación se ofrecería ni qué instituciones participarían

Control y evaluación

El diseño de eventuales subsidios a la contratación también exigirá controles para evitar reemplazos de trabajadores actuales por jóvenes beneficiarios. La duración de los contratos, el acceso a la seguridad social y la continuidad posterior serán claves para medir la calidad del empleo creado

El Congreso deberá fijar indicadores de seguimiento, presupuesto y metas. El número de jóvenes contratados será un dato importante, pero no el único: también importará cuántos conservan su puesto después de los incentivos y si la formación mejora realmente sus posibilidades de inserción

Para Del Carpio, el problema tiene relación directa con la productividad y la capacidad de competir en un mercado de trabajo más exigente. El pedido de facultades puede acelerar decisiones, pero su impacto dependerá del contenido final de las normas, de los recursos asignados y de la supervisión parlamentaria