El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis) presentaron una propuesta para modificar la revisión de determinadas solicitudes de extensión de visas laborales en Estados Unidos

El proyecto plantea eliminar el criterio que permite mantener, bajo ciertas condiciones, decisiones favorables emitidas en trámites anteriores. Si entra en vigor, los funcionarios podrían volver a examinar cada expediente sin justificar previamente por qué se apartan de una aprobación anterior

Qué cambiaría en las renovaciones

La iniciativa propone derogar la disposición 8 CFR 214.1(c)(5), que establece la deferencia hacia aprobaciones previas cuando una nueva petición involucra a las mismas partes y circunstancias

El DHS sostiene que cada renovación debe evaluarse con base en las pruebas disponibles al momento del nuevo trámite. Según la agencia, una aprobación anterior no reemplaza la obligación de demostrar que todavía se cumplen los requisitos migratorios

Las visas y trámites alcanzados

La medida se aplicaría a peticiones de trabajadores no inmigrantes presentadas mediante el formulario I-129. Entre las categorías incluidas figuran las visas H-2A para empleos agrícolas temporales y H-2B para trabajos temporales no agrícolas

También abarca las visas , H-1B, L-1, E-1, E-2, E-3, O-1, P-1, P-2, P-3, Q-1 y R-1

Los familiares dependientes que soliciten extender su permanencia mediante el formulario I-539 también podrían verse afectados. Por ejemplo, una persona latina con un Documento de Autorización de Empleo (EAD) podría enfrentar dificultades para renovarlo si su situación depende de que su cónyuge mantenga una visa H-1B

Más solicitudes de evidencia y mayores demoras

Las estimaciones administrativas de la propuesta anticipan un aumento de las Solicitudes de Evidencia (RFE), mediante las cuales el Uscis pide documentos o información adicional antes de resolver un expediente

El cálculo proyecta un incremento de 2,9 puntos porcentuales en la tasa de RFE, equivalente a unas 6044 solicitudes adicionales por año. Los casos que reciban uno de estos pedidos podrían demorar, en promedio, 64 días calendario más

El tiempo mediano de procesamiento pasaría de 12 días para los expedientes sin requerimientos adicionales a 76 días para aquellos que necesiten nuevas pruebas. El DHS también calcula que los empleadores afrontarían unos US$133.987 adicionales por año para reunir y presentar la documentación solicitada

Las cifras son proyecciones administrativas. No implican que todas las renovaciones reciban una RFE ni que todos los expedientes tengan la misma demora

El argumento del DHS y el plazo para opinar

El DHS fundamenta la propuesta en la Sección 291 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, que asigna al solicitante o peticionario la responsabilidad de acreditar su elegibilidad

La agencia considera que la regla vigente impone una carga adicional a los funcionarios cuando buscan apartarse de una aprobación anterior. También sostiene que mantener decisiones previas podría prolongar errores basados en información incompleta, desactualizada o incorrecta

El proyecto todavía contempla una instancia de participación pública. Los interesados podrán presentar observaciones hasta el 13 de noviembre. Después de ese plazo, el gobierno federal podrá analizar los comentarios antes de avanzar con la decisión regulatoria