MADRID. El Tribunal Supremo de España confirmó la suspensión cautelar del derecho al voto para 163.020 personas que obtuvieron la nacionalidad española mediante la llamada ley de nietos. Por esa decisión, no podrán participar en las elecciones generales anticipadas del 29 de noviembre
La Sala de lo Contencioso-Administrativo rechazó los recursos de la Fiscalía y de la Abogacía del Estado, que habían solicitado levantar la medida. Los servicios jurídicos del Gobierno advirtieron que no existen tiempo ni medios suficientes para revisar los expedientes antes de los comicios
El tribunal priorizó la revisión del censo
La suspensión había sido dictada a comienzos de septiembre a raíz de presentaciones de Iustitia Europa y Vox. Al ratificarla, los magistrados señalaron que el derecho al sufragio no es absoluto y que debe compatibilizarse con intereses generales, como la veracidad del padrón electoral y la prevención de posibles irregularidades
La resolución fue aprobada por la sección cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, con el voto en contra de la magistrada Alicia Millán, una de las seis integrantes del tribunal
Además, los jueces ordenaron publicar la decisión con carácter urgente en el Boletín Oficial del Estado y en el tablón judicial oficial. Desde esa publicación, los ciudadanos alcanzados podrán presentarse en el procedimiento y formular alegaciones dentro de un plazo de cinco días
Los plazos electorales condicionan la decisión
El conflicto se agravó después de que Pedro Sánchez convocara elecciones anticipadas para el 29 de noviembre. Cuando el Supremo dictó inicialmente la suspensión, todavía no había una fecha definida para los comicios generales
De acuerdo con la legislación electoral española, el censo debe quedar disponible desde este lunes en ayuntamientos y consulados durante ocho días. Los ciudadanos podrán presentar reclamos hasta el final de ese período, mientras que la lista definitiva está prevista para el 23 de octubre. A partir de entonces, el registro no podrá modificarse para esa elección
La Abogacía del Estado sostuvo que mantener la medida podría privar de forma irreversible del derecho al voto a miles de personas. También afirmó que la Administración no puede distinguir a tiempo entre los distintos grupos de nacionalizados afectados
La discusión sobre la Ley de Memoria Democrática
El origen de la disputa está en la interpretación de la Ley de Memoria Democrática, aprobada en 2022. La norma amplió las vías para que los descendientes de españoles exiliados por motivos políticos, ideológicos o de orientación sexual durante la Guerra Civil y la dictadura pudieran acceder a la nacionalidad
La suspensión alcanza a quienes obtuvieron la ciudadanía a través de una instrucción administrativa que desarrolla esa ley. El documento presume la condición de exiliados de determinados españoles que abandonaron el país entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955
El Supremo considera que esa instrucción podría haber excedido los límites establecidos por la ley. Por ese motivo, ordenó diferenciar las nacionalizaciones concedidas directamente al amparo de la norma de aquellas tramitadas mediante la disposición cuestionada
La Argentina concentra una parte importante de los trámites
La medida afecta especialmente a descendientes de españoles residentes en el extranjero, con impacto en distintos países de América Latina. La Argentina fue el país con mayor cantidad de solicitudes de nacionalidad bajo la ley de nietos y alberga una de las comunidades españolas más numerosas fuera de España
El Consulado General de España en Buenos Aires acumuló más de 650.000 identificadores de trámite desde la entrada en vigor de la norma. Las sedes de Córdoba, Rosario, Mendoza y Bahía Blanca registraron en conjunto otros 220.000
Esos números corresponden a identificadores de solicitudes y no representan necesariamente expedientes aprobados ni nuevas nacionalizaciones. El Gobierno español había calculado que el proceso podía incorporar entre 1,5 y 2 millones de ciudadanos a la población española en todo el mundo
En la Argentina se habría concentrado más del 40% de las solicitudes globales, según las estimaciones difundidas durante la implementación de la norma