El pedido de facultades legislativas por 120 días colocó sobre la mesa tres prioridades del Ejecutivo: seguridad ciudadana, empleo juvenil e inversión privada. La propuesta apunta a acelerar cambios normativos, aunque todavía genera interrogantes sobre su alcance, su ejecución y el nivel de supervisión que tendrá el Congreso

Seguridad: más penas, pero también más capacidad de respuesta

El eje más desarrollado es el de seguridad ciudadana. El aumento de las extorsiones, que según Paola del Carpio se multiplicaron por cinco frente al escenario previo a la pandemia, explica buena parte de la urgencia oficial. El impacto se siente en pequeños negocios, transportistas, comerciantes y trabajadores sometidos a amenazas de organizaciones criminales

La propuesta incluye cambios para endurecer sanciones y dar un tratamiento legal distinto a ciertas estructuras delictivas. Sin embargo, Del Carpio advirtió que el problema no se resuelve solo con castigos más severos si sigue siendo baja la probabilidad de captura. Para que la respuesta funcione, el Estado necesita capacidad real para investigar, detener, procesar y condenar

La economista también observó vacíos en inteligencia y reforma policial. Aunque el texto menciona el fortalecimiento de la inteligencia, no precisa cómo se ampliarán sus funciones ni qué controles se aplicarán. Tampoco desarrolla cambios en organización, formación, supervisión interna y coordinación entre Policía, Fiscalía y Poder Judicial

Jóvenes: un mercado laboral que sigue rezagado

El segundo frente es el empleo juvenil. La desocupación entre jóvenes ronda el 11%, cerca del doble del promedio nacional, en un contexto marcado por informalidad, trabajos temporales y búsqueda prolongada de empleo

El Ejecutivo plantea seis medidas para ampliar oportunidades de contratación, además de mecanismos de financiamiento y capacitación. Pero el contenido todavía aparece de forma amplia, sin suficientes precisiones sobre beneficiarios, requisitos, metas, incentivos para empresas ni fuentes de financiamiento

Del Carpio sostuvo que la capacitación debe tener un papel más claro, con criterios definidos sobre habilidades, sectores con mayor demanda y el momento adecuado para la intervención estatal. La empleabilidad juvenil, remarcó, está ligada a productividad y a la posibilidad de acceder a mejores puestos

Minería: proyectos trabados y presión por destrabar inversiones

El tercer eje apunta a la inversión privada, con foco en minería. Perú invierte cerca de la mitad que Chile en este sector, en relación con el tamaño de sus economías. En un contexto favorable para el cobre y otros minerales, la prioridad debería ser destrabar proyectos por cerca de USD 60.000 millones que siguen pendientes por trámites, permisos y aprobaciones sin resolver

Si esas iniciativas avanzaran, la inversión minera podría duplicarse. Aun así, el reto es reducir demoras sin debilitar evaluaciones ambientales, procedimientos técnicos ni mecanismos de diálogo con las comunidades

Entre las herramientas en evaluación aparece el silencio administrativo positivo, que presume aprobada una autorización si el Estado no responde a tiempo. Del Carpio advirtió que esa vía exige una revisión cuidadosa, porque una aceleración mal diseñada puede terminar en conflictos, cuestionamientos o paralizaciones

La definición final quedará en manos del Congreso, que deberá decidir qué facultades concede, con qué límites y bajo qué mecanismos de control sobre las normas que emita el Ejecutivo