Un panel del Tribunal de Apelaciones del Undécimo Circuito de Estados Unidos cuestionó este miércoles a la administración de Ron DeSantis por la forma en que Florida comunicó la baja de Medicaid a beneficiarios del programa

Los jueces analizaron si las cartas enviadas alcanzaban para que cada persona entendiera por qué perdía la cobertura y pudiera apelar la decisión con información suficiente

Las dudas sobre los avisos

Durante la audiencia, los magistrados Adalberto Jordan, Barbara Lagoa y Robin Rosenbaum interrogaron al abogado estatal Andy Bardos. La discusión giró en torno al contenido de las notificaciones y a si respetaban las garantías del debido proceso

Bardos sostuvo que los avisos indicaban la resolución adoptada, la fecha de entrada en vigor y un motivo general para la baja. Jordan, sin embargo, puso en duda que eso bastara para que cada beneficiario pudiera verificar cómo se había calculado su elegibilidad

El juez señaló que las cartas podrían haber detallado ingresos, otros recursos, gastos y la cantidad de hijos de cada hogar. También remarcó que no precisaban cuánto excedía cada persona el límite económico para conservar la cobertura

Ante la explicación del representante estatal, Jordan fue directo: “Esto es bastante malo”

Lagoa agregó que, si alguien desconoce la causa concreta de una decisión, tampoco puede saber con claridad qué debe discutir en una apelación. “No puedes ser escuchado si no sabes contra qué estás objetando”, afirmó

Un fallo previo contra el Estado

La audiencia forma parte de una disputa iniciada en 2023 por organizaciones que representan a beneficiarios. El planteo sostiene que algunas personas perdieron la cobertura de manera incorrecta y que las comunicaciones oficiales no explicaban bien cómo se había tomado cada determinación

En enero de 2026, la jueza federal Marcia Morales Howard falló contra el Estado. En una resolución de 273 páginas, concluyó que las notificaciones eran “vagas, confusas y a menudo incorrectas y engañosas”

Además, ordenó enviar avisos correctivos a los integrantes de la clase afectados por bajas vinculadas con sus ingresos, con datos suficientes para evaluar la decisión y ejercer el derecho a impugnarla

Entre la información requerida incluyó el tamaño del hogar, los ingresos computables fijados por el Estado y la categoría de elegibilidad correspondiente. Florida apeló esa resolución

El origen del recorte masivo

El conflicto se remonta al proceso de revisión de la cobertura iniciado tras el fin de la emergencia sanitaria por el coronavirus. Durante la pandemia, el gobierno federal aumentó su aporte a Medicaid y condicionó ese refuerzo a que los estados mantuvieran la cobertura de los beneficiarios

Esa obligación terminó el 31 de marzo de 2023. Al día siguiente, Florida empezó el proceso de revisión conocido como unwinding, para determinar nuevamente quiénes seguían cumpliendo los requisitos del programa

El Departamento de Niños y Familias de Florida reevaluó la elegibilidad de más de cuatro millones de personas. Entre los casos cuestionados hubo beneficiarios de programas vinculados con los ingresos familiares, incluidos embarazadas, personas en el posparto, bebés y niños

Ahora, el tribunal de apelaciones deberá resolver si confirma la decisión de primera instancia y si las comunicaciones usadas por Florida respetan las garantías constitucionales antes de retirar una cobertura sanitaria