En Florida, el simple paso de un dron sobre una vivienda no constituye por sí solo una infracción. La conducta puede ser ilegal cuando el aparato se utiliza deliberadamente para vigilar a personas o una propiedad privada sin consentimiento escrito

Cuándo el vuelo puede considerarse vigilancia

La norma protege a propietarios, inquilinos, ocupantes e invitados. Considera vigilancia la observación con suficiente nitidez para identificar a una persona, conocer sus hábitos, movimientos o paradero, o reconocer características de una vivienda y determinar si hay alguien dentro

Para que se configure la infracción deben reunirse tres elementos: el dron debe contar con un dispositivo capaz de registrar imágenes, la persona que lo opera debe tener intención de vigilar y no debe existir consentimiento escrito de quien es observado. La regla también contempla cámaras térmicas e infrarrojas

La ley presume que existe una expectativa razonable de privacidad cuando una persona no puede ser vista desde el suelo por alguien situado en un lugar donde tiene derecho a estar, aunque resulte visible desde el aire. Por eso, un patio trasero protegido por una cerca alta puede quedar alcanzado por esa presunción, mientras que un jardín delantero visible desde la acera no necesariamente

Las penas por vigilar o difundir las imágenes

Las sanciones penales rigen desde el 1° de octubre de 2025, cuando entró en vigor la ley HB 1121, que modificó la sección 934.50 de los Estatutos de Florida. Antes de ese cambio, la norma solo contemplaba reclamos civiles

La vigilancia deliberada se clasifica como un delito menor de primer grado, con una pena de hasta un año en la cárcel del condado y una multa de hasta US$1000. La difusión intencional de las imágenes constituye un delito grave de tercer grado, con hasta cinco años de prisión y una multa de hasta US$5000

Estas sanciones no se aplican a agencias estatales, gobiernos locales ni policías que actúen dentro de sus funciones

Qué reclamos puede presentar la persona afectada

La vía civil puede utilizarse junto con la penal. La persona afectada puede reclamar daños compensatorios, solicitar una orden judicial para detener la conducta y pedir daños punitivos cuando corresponda

La parte que gane el juicio puede obtener el reembolso de honorarios razonables de abogado. Además, un inquilino puede iniciar la demanda por cuenta propia, sin depender del propietario

Por qué no conviene derribar el dron

Una versión del proyecto legislativo permitía utilizar fuerza razonable contra un dron que vigilara a menos de 500 pies sobre una propiedad. Esa disposición fue cuestionada porque podía entrar en conflicto con el límite de 400 pies establecido para drones pequeños por la Administración Federal de Aviación

La cláusula no forma parte del texto vigente. La ley estatal tampoco autoriza a los particulares a neutralizar el aparato por su cuenta, y derribar un dron puede generar problemas legales bajo la normativa federal que protege a las aeronaves

La modificación vigente desde 2026

La sección 934.50 volvió a modificarse en 2026. La ley 2026-177, vigente desde el 1° de julio, precisó que la policía puede obtener órdenes judiciales para revisar con drones zonas donde podrían encontrarse pruebas de un delito

Ese cambio no alteró las reglas aplicables a los particulares