La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá pidió al presidente José Raúl Mulino vetar el Proyecto de Ley 226, aprobado por la Asamblea Nacional con 47 votos a favor y uno en contra. Para el gremio, la discusión no es si debe protegerse a jubilados, pensionados y personas de la tercera edad, sino cómo hacerlo sin comprometer la sostenibilidad de las empresas y de las finanzas públicas

Una reforma con mayor alcance

La propuesta amplía los beneficios previstos en la Ley 6 de 1987, que cubre a las mujeres desde los 55 años, a los hombres desde los 60 y a todos los jubilados y pensionados, sin importar su edad. En el caso de extranjeros, el texto exige residencia permanente en Panamá

Uno de los cambios de mayor peso fiscal permite que todos los descuentos otorgados se reconozcan como crédito fiscal contra el impuesto sobre la renta. Hoy ese tratamiento está limitado, principalmente, a restaurantes y locales de comida rápida

El costo para las MiPymes

La Cámara sostuvo que un descuento obligatorio no puede verse como una cifra aislada en una ley, porque en la práctica reduce ventas mientras continúan los costos de planilla, alquiler, energía, insumos, financiamiento e impuestos. Añadió que las micro, pequeñas y medianas empresas no tienen margen ilimitado para absorber nuevas cargas

Según el gremio, cuando los costos suben de forma permanente, las opciones suelen ser reducir márgenes, trasladar precios, postergar inversiones, frenar contrataciones o incluso cerrar operaciones

Debate fiscal pendiente

La organización empresarial también planteó que el reconocimiento fiscal de estos beneficios sigue siendo una discusión abierta. A su juicio, aplicar un crédito fiscal del 100% no resuelve por sí solo el problema de fondo, porque antes debe evaluarse su viabilidad, su costo para el Estado y la capacidad real de ejecución

El gremio preguntó además si resulta sostenible seguir ampliando políticas sociales mediante obligaciones impuestas al sector productivo, y sostuvo que la solidaridad con los adultos mayores no debería recaer de forma permanente sobre determinados sectores

Multas más altas

La reforma también endurece las sanciones. Negar los beneficios puede implicar hoy multas de entre 50 y 5,000 dólares, pero el nuevo texto eleva ese rango a entre 500 y 10,000 dólares. Además, cada reincidencia duplicará la sanción anterior

La Cámara insistió en que proteger a los adultos mayores es necesario, aunque pidió revisar el régimen vigente, su impacto sobre precios, empleo e inversión, así como la participación que debe asumir el Estado en su financiamiento