El alcalde de Santa Marta, Carlos Pinedo Cuello, fue sancionado con 10 días de arresto por desacato judicial, luego de que un juzgado concluyera que no se cumplió de forma integral una orden de tutela relacionada con información sobre las obras de estabilización costera y la construcción de espolones en Playa Salguero
La medida también alcanza a la secretaria de Planeación Distrital, Patricia Lucía Caicedo Lafaurie, según la decisión del Juzgado Primero Civil Municipal de Santa Marta, que evaluó el presunto incumplimiento de un fallo emitido el 19 de noviembre de 2025
La orden que no se habría cumplido
La tutela había dispuesto responder en un plazo de 48 horas un derecho de petición presentado por el ciudadano José Humberto Torres. En esa solicitud pidió detalles sobre los trámites adelantados para obtener la licencia ambiental, el estado del contrato, los recursos entregados al contratista y las posibles consecuencias económicas para el Estado, tras la suspensión del proyecto por decisión de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, ANLA
El juzgado concluyó que la respuesta entregada no satisfizo de manera integral lo ordenado y señaló además que ni Pinedo ni Caicedo demostraron haber adoptado medidas eficaces para garantizar el cumplimiento del fallo
El proceso sigue en revisión
En su análisis, el despacho también tuvo en cuenta que desde la administración distrital se habría cancelado una segunda cita programada con el ciudadano, sin una nueva reprogramación posterior. Ese elemento fue incorporado en la decisión que declaró el desacato
La sanción aún no está en firme, porque debe pasar por consulta ante el juez superior. Si esa instancia confirma la decisión, se ordenará el cumplimiento de los 10 días de arresto contra el alcalde y la secretaria de Planeación
Más allá de la eventual ejecución de la medida, la administración distrital sigue obligada a responder de fondo sobre las obras de Playa Salguero, un proyecto que dejó abiertas preguntas sobre licencias, contratación, manejo de recursos públicos y posibles impactos económicos para el Estado