La Corte Suprema de Estados Unidos aceptó revisar la prohibición de solicitar asilo en la frontera sur impuesta por el presidente Donald Trump. La medida fue establecida mediante una proclamación firmada el 20 de enero de 2025, que declaró una “invasión” en la frontera
Los tribunales inferiores consideraron ilegal la restricción. El caso plantea si un presidente puede reemplazar, mediante una proclamación, el procedimiento de asilo aprobado por el Congreso
Qué permite la ley federal
La Ley de Inmigración y Nacionalidad establece que toda persona extranjera presente en Estados Unidos o que llegue al país puede solicitar asilo, haya ingresado por un puerto oficial o por otro punto y sin importar su situación migratoria
La aprobación del asilo, sin embargo, queda sujeta a la decisión del gobierno. La administración puede concederlo, pero la ley no la obliga a hacerlo
La Proclamación 10888 impidió invocar esas protecciones a quienes cruzaron la frontera sur por puertos de entrada o se presentaron sin documentos válidos. El Departamento de Seguridad Nacional emitió posteriormente instrucciones para aplicarla
El recorrido judicial del caso
En febrero de 2025, tres organizaciones sin fines de lucro y 13 personas presentaron una demanda colectiva. El juez federal Randolph Moss anuló las restricciones y certificó una clase que incluye a todas las personas alcanzadas por la medida
El 24 de abril de 2026, un panel dividido del Tribunal de Apelaciones del Circuito del Distrito de Columbia confirmó ese fallo. El gobierno pidió a la Corte Suprema que revisara el caso el 24 de agosto, bajo el expediente 26-239
El expediente lleva el nombre de Markwayne Mullin, secretario de Seguridad Nacional desde marzo, cuando reemplazó a Kristi Noem
La restricción sigue vigente
Mientras la Corte Suprema analiza el caso, la prohibición continúa aplicándose en la frontera. El tribunal de apelaciones suspendió su propio fallo contra el Departamento de Seguridad Nacional hasta que el máximo tribunal emita una decisión
Por ese motivo, la clase certificada por Moss no obtiene por ahora un alivio efectivo. El gobierno sostiene que puede rechazar de manera categórica las solicitudes de las personas alcanzadas por la orden
La Patrulla Fronteriza registró 98.708 detenciones en la frontera suroeste durante el año fiscal 2026. El dato corresponde a eventos de detención y no a personas individuales; además, no permite determinar por separado el efecto de la proclamación frente al de otras medidas
La diferencia con el fallo de junio
El 25 de junio, en el caso Mullin v. Al Otro Lado, la Corte resolvió por seis votos contra tres que una persona llega a Estados Unidos únicamente cuando cruza la frontera. Según ese criterio, quienes permanecen en México no tienen derecho a solicitar asilo ni a ser inspeccionados
El nuevo expediente aborda la situación inversa: la de las personas que ya pisaron suelo estadounidense y que, bajo la definición adoptada en junio, llegaron al país
La decisión será relevante para las familias con parientes detenidos después de cruzar la frontera o todavía en tránsito. El tribunal deberá determinar si esas personas conservan la posibilidad de pedir asilo
La Corte aún no fijó la fecha de los alegatos orales. Se espera un fallo hacia fines de junio o principios de julio de 2027, junto con decisiones sobre deportaciones a terceros países y la detención indefinida de inmigrantes sin audiencia de fianza