Bogotá. La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y representantes del sector artístico colombiano rechazaron los recortes incluidos en el proyecto de presupuesto estatal para 2027, promovido por el gobierno del presidente conservador Abelardo de la Espriella

El Congreso debate actualmente la distribución de los recursos, que contempla reducciones para la JEP y el Ministerio de las Culturas, entre otras áreas

La JEP advierte sobre una posible paralización

El presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, sostuvo que la reducción de fondos busca dejar al tribunal sin capacidad operativa

“Claro que hay una desfinanciación, claro que hay una asfixia... quieren dejar un cascarón vacío, que no funcione para nada”, afirmó

La JEP investiga y juzga crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad cometidos durante las cinco décadas de conflicto armado con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), disueltas hace una década tras la firma de un acuerdo de paz. El tribunal también procesa a exmilitares y civiles involucrados en delitos

De la Espriella, quien durante la campaña anunció que intentaría desmontar la jurisdicción, respalda una iniciativa oficialista para transferir 100.000 millones de pesos, equivalentes a 31,6 millones de dólares, hacia la justicia ordinaria

El gobierno sostiene que la JEP cuenta con recursos suficientes y presenta la transferencia como una medida de responsabilidad fiscal

Ramelli advirtió que el recorte podría desconocer el compromiso asumido por Colombia ante la Corte Penal Internacional de no cerrar, modificar ni desfinanciar el tribunal

“No es un problema sólo económico... nosotros seguiremos trabajando con lo que tengamos, pero no vamos a poder seguir dando resultados, eso va a ser imposible y sería un grave error histórico”, señaló. Según el magistrado, la medida afectaría el derecho de las víctimas a acceder a la justicia

El presidente de la JEP también destacó los avances recientes del tribunal, entre ellos la imputación de cinco excomandantes guerrilleros por abuso sexual y violencia de género. Además, mencionó el cumplimiento de sanciones restaurativas impuestas a integrantes de la última cúpula de las FARC por miles de secuestros

Estas sanciones incluyen tareas como la búsqueda de personas desaparecidas y, en su mayoría, no contemplan penas de prisión. Los condenados deben participar en proyectos destinados a reparar los daños ocasionados, una modalidad que sectores críticos consideran equivalente a la impunidad

Protesta del sector cultural en Bogotá

Unos 250 artistas se concentraron frente al Ministerio de las Culturas para protestar contra la reducción de recursos y exigir una mesa de diálogo con el gobierno

El actor Duvan Prado, de 36 años, afirmó que las decisiones oficiales “precarizan la cultura”. También cuestionó la disminución de más del 30% del presupuesto, porque, según explicó, pondría en riesgo procesos desarrollados durante más de 27 años

Prado señaló que el recorte podría eliminar el Programa Nacional de Estímulos, además de los reconocimientos y premios destinados a artistas. También atribuyó parte de las dificultades al “desorden administrativo” heredado del gobierno anterior

La ministra de las Culturas, Paola Holguín, defendió el ajuste y afirmó que Colombia enfrenta restricciones fiscales. También indicó que existe un rezago de pagos pendientes que complica la situación financiera del sector

Yasmín Piedrahíta, gestora cultural que participó en la protesta, sostuvo que el gobierno pretende terminar con el Ministerio de Cultura y distribuir sus funciones entre otras carteras como parte de su plan de austeridad