Hace tres años, California aprobó una ley que buscaba ampliar el acceso obligatorio a tratamientos de salud mental. La norma permitía incluir a más personas en procesos de tutela psiquiátrica, conocidos como conservatorships

Familias de personas con enfermedades mentales graves esperaban que la medida facilitara la intervención cuando sus seres queridos rechazaban la atención. Organizaciones defensoras de los derechos de las personas con discapacidad, en cambio, advirtieron sobre posibles medicaciones forzadas y restricciones a la autonomía

Los responsables de los servicios de salud mental de los condados también temían una ola de derivaciones que superara la capacidad de hospitales, centros psiquiátricos y programas comunitarios

Un aumento menor al previsto

La SB 43, aprobada en 2023, amplió los criterios de la ley Lanterman-Petris-Short, vigente desde hace casi seis décadas. Antes, una persona podía ser considerada gravemente incapacitada si no podía procurarse comida, ropa o refugio por una enfermedad mental grave o por alcoholismo crónico

Con la reforma, también se incorporaron la incapacidad para garantizar la propia seguridad o atención médica y la incapacidad asociada a un trastorno grave por consumo de sustancias

Los condados podían comenzar a aplicar los nuevos criterios en enero de 2026, aunque algunos empezaron antes. En los 19 condados que entregaron datos, 12 informaron aumentos inferiores al 5% o descensos en los casos de tutela psiquiátrica de un año. El promedio aumentó menos del 6% y el total de los condados analizados creció un 4%

Santa Bárbara registró una caída del 1% desde la entrada en vigor de la medida. Orange County informó un aumento del 2%. En Contra Costa, los casos pasaron de 98 a 111, un incremento del 13%

Solo tres condados dijeron haber utilizado la nueva norma para imponer una tutela exclusivamente por un trastorno por consumo de sustancias. En conjunto, esos casos fueron seis. La mayoría de los condados no registra por separado cuántas tutelas se originaron en los otros criterios ampliados

El recorrido entre una crisis y la tutela

La ley abarca distintas formas de tratamiento involuntario. El proceso puede comenzar con una retención psiquiátrica de 72 horas, conocida como medida 5150. Si al finalizar ese período la persona continúa sin poder cuidarse, el caso puede avanzar hacia una tutela de un año

En esa etapa, un juez designa a un tutor para asumir decisiones relacionadas con el tratamiento. En muchos casos, la persona es trasladada a un centro psiquiátrico cerrado

Algunos condados registraron aumentos más marcados en las retenciones breves. En San Mateo, crecieron más de una cuarta parte durante los seis meses posteriores a la implementación de la ley. En Los Ángeles se emitieron más de 500 retenciones de 72 horas por trastornos graves vinculados al consumo de sustancias entre enero y junio de 2026

Sin embargo, esas retenciones no siempre desembocan en una atención prolongada. Algunas personas regresan repetidamente del hospital a la calle sin acceder a un tratamiento estable

Una herramienta difícil de aplicar a las adicciones

Los responsables de salud conductual señalan que el modelo de tutela psiquiátrica no se adapta fácilmente a los trastornos por consumo de sustancias. Una persona retenida por consumo puede recuperar temporalmente su capacidad de autocuidado cuando los efectos de la droga desaparecen dentro del plazo de 72 horas. En ese momento, deja de cumplir los requisitos para una tutela

Además, varios condados son reticentes a utilizar internaciones involuntarias prolongadas para tratar adicciones. Algunos especialistas sostienen que forzar ese tipo de tratamiento puede reducir la tolerancia a las drogas y aumentar el riesgo de sobredosis cuando la persona vuelve a consumir

La reforma sí produjo un efecto institucional: obligó a coordinar más estrechamente a los servicios de salud mental y de adicciones, que a menudo funcionan por separado. En Orange County, cerca del 60% de los pacientes con enfermedades mentales graves atendidos por el sistema también tiene un trastorno por consumo de sustancias

El caso de Tony Pereyra

Para algunas familias, el impacto de la ley se mide en situaciones concretas. Annis Pereyra sostuvo durante meses que su hijo Tony necesitaba una tutela y medicación obligatoria

Tony había sido diagnosticado con esquizofrenia. Después de probar varios tratamientos, comenzó a tomar clozapina durante sus primeros 30 años. Según su madre, el medicamento le permitió trabajar, vivir de manera independiente y ayudar en su casa durante unos 15 años

En 2024, tras una emergencia médica de su madre, Tony dejó de tomar la medicación. Las voces que había logrado controlar regresaron. En marzo de 2025 atacó a sus padres y luego pasó varios meses en centros cerrados bajo una tutela temporal. Más tarde fue liberado sin retomar la clozapina

El intento de contactar con él mediante un programa judicial de atención en salud mental tampoco prosperó. El 26 de febrero, la policía de Walnut Creek acudió a un aviso sobre un hombre que iluminaba con una linterna el interior de vehículos y viviendas. Los agentes encontraron a Tony cerca de la casa de sus padres y le dispararon. Murió en el lugar. Después se determinó que llevaba una pistola de balines

Tras su muerte, su madre encontró basura acumulada en el patio, partes del suelo levantadas, cañerías desmontadas, interruptores arrancados y estantes del refrigerador bloqueando los muebles de la cocina. Ella cree que intentaba silenciar las voces

Capacidad, dinero y tiempo

Los defensores de la ley consideran que todavía es demasiado pronto para medir sus efectos. Anticipan que las tutelas aumentarán cuando se construyan más centros de atención

Otros funcionarios advierten que la falta de financiación y de camas limita cualquier evaluación. Sin más capacidad de tratamiento, sostienen, el paso del tiempo por sí solo no demostrará que la norma funciona

También existen explicaciones alternativas para el bajo crecimiento de las tutelas. Algunos condados ampliaron sus servicios voluntarios al mismo tiempo que comenzó la reforma. Más personas aceptaron recibir ayuda y, como consecuencia, menos tuvieron que ser sometidas a una tutela involuntaria

La experiencia de Sonoma ilustra la incertidumbre. El condado esperaba recibir entre 20 y 30 casos adicionales por año, pero las tutelas disminuyeron ligeramente. En un caso basado en el riesgo para la seguridad personal, un tribunal rechazó la petición de internación prolongada

La ley, por ahora, no produjo la expansión masiva que esperaban sus impulsores ni el colapso que temían sus críticos. Su resultado sigue condicionado por la interpretación judicial, la coordinación entre servicios, la disponibilidad de centros y los recursos para sostener los tratamientos