El Gobierno de José Antonio Kast ingresó al Senado una reforma constitucional de seguridad que busca ampliar las herramientas del Estado contra el crimen organizado, pero que abrió un frente de críticas en el Congreso y entre expertos en derecho constitucional

La iniciativa contempla un nuevo Estado de Excepción que podría extenderse hasta por 240 días y habilitaría restricciones a libertades como la personal, la de desplazamiento y la de reunión. También permitiría aplicar ese régimen en zonas específicas, interceptar comunicaciones y documentos sin autorización judicial, reforzar el rol de las Fuerzas Armadas en seguridad pública y crear un registro oficial de organizaciones criminales y terroristas

Al tratarse de una reforma a la Constitución, el proyecto necesita cuatro séptimos de respaldo en el Senado, es decir, 29 votos. Ese escenario se volvió más complejo tras los reparos de sectores oficialistas y el rechazo que ya anticipan parlamentarios de la oposición

Rechazo político desde varios sectores

El ex presidente Gabriel Boric pidió a la oposición fijar una postura clara frente a una propuesta que, a su juicio, instala una limitación inédita de libertades en democracia. En la misma línea, la ex vocera Camila Vallejo acusó que detrás del combate al delito se pretende concentrar más poder en manos del Presidente

El senador independiente Karim Bianchi también adelantó que votará en contra si el texto no cambia, mientras que el diputado Patricio Pinilla advirtió que el nivel de autoritarismo del proyecto preocupa y exige una reflexión de país

Las dudas dentro del propio oficialismo

Las alertas no vienen solo desde la oposición. El timonel de la UDI, Guillermo Ramírez, sostuvo que su partido comparte el fondo, pero no puede respaldar la propuesta en su estado actual porque afectaría la institucionalidad

El senador Luciano Cruz-Coke calificó como peligrosa la amplitud de atribuciones que recibiría el Presidente sin intervención del Congreso durante largos períodos. Johannes Kaiser, por su parte, remarcó que en un Estado de Excepción se restringen derechos de toda la ciudadanía y que ese tipo de medidas debe durar lo menos posible

Más duro fue el senador Matías Walker, quien pidió retirar el proyecto y abrir un trabajo prelegislativo. A su juicio, la Constitución no debe ser usada como herramienta política y un cambio de este tipo puede poner en riesgo el orden democrático

Críticas técnicas al diseño de la reforma

Entre los constitucionalistas también hubo cuestionamientos de fondo. Francisco Zúñiga describió la propuesta como populismo constitucional y sostuvo que varias de las medidas anunciadas podrían tramitarse por ley ordinaria, sin modificar la Carta Fundamental

Jaime Gajardo advirtió que el texto altera la distribución de poderes al dejar en manos del Presidente la calificación de una organización como terrorista. Juan Ignacio Martínez, en tanto, puso el foco en el plazo de hasta 240 días y lo consideró excesivo frente a otros estados de excepción vigentes en el sistema chileno

El proyecto deberá ahora pasar por las comisiones de Constitución, Defensa y Seguridad Pública antes de llegar a la Sala del Senado, donde su aprobación aparece cuesta arriba