El ministro del Interior, Rodrigo Lara, respondió este domingo 6 de septiembre a la defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, tras sus cuestionamientos por la forma en que fueron presentados públicamente los cuerpos de personas fallecidas durante la Operación Azarías, en el Guaviare

En su mensaje, Lara reconoció a la Defensoría del Pueblo como una institución aliada, pero marcó distancia frente a la crítica de Marín sobre la actuación estatal frente a los grupos armados

La réplica de Lara

“La Defensoría del Pueblo es una aliada institucional que respetamos y valoramos. Su mandato es cuidar víctimas y derechos para lo cual cuenta con todo el compromiso del Gobierno Nacional”, escribió el ministro

Luego rechazó que la acción del Estado fuera puesta al nivel de las organizaciones criminales. “Equiparar al Estado con las bandas narcoterroristas, como si compitiera en crueldad. Esa equivalencia no corresponde”, señaló

Lara sostuvo además que el Estado tiene la obligación constitucional de enfrentar a los grupos que ejercen violencia en distintas zonas del país. En ese contexto, mencionó a quienes, según dijo, “matan con drones, reclutan niños y ejercen terror y barbarie contra la población”, y pidió a la Defensoría acompañar esa labor

También se refirió a la política de “Paz Total” y afirmó que el país está cerrando esa etapa. Según el ministro, esa estrategia dejó a poblaciones enteras expuestas al control de los peores criminales del país

El llamado de Marín

Antes de la respuesta de Lara, Iris Marín difundió un video en el que se pronunció sobre las imágenes asociadas a la Operación Azarías. La defensora dijo que había visto al presidente de la República caminar entre cuerpos depositados en tulas blancas

De acuerdo con lo dicho por Marín, en el operativo habrían muerto 23 integrantes de las estructuras de alias Iván Mordisco, incluidos mandos de esa organización. Añadió que, según Medicina Legal, dos de las personas fallecidas eran menores de edad

Marín aclaró que su pronunciamiento no cuestionaba las operaciones legítimas de la Fuerza Pública. Su énfasis estuvo en los límites que deben regir la acción estatal y en la forma en que se comunican sus resultados

“El Estado está en el deber de proteger a la población y de enfrentar, dentro de la Constitución y el derecho internacional humanitario, a los grupos armados responsables de graves violaciones a los derechos humanos”, afirmó

Dignidad en el conflicto

La defensora también insistió en que los muertos deben recibir un trato digno, incluso en medio del conflicto armado. En ese sentido, cuestionó que los cuerpos formen parte de la puesta en escena de una declaración pública

“No deberíamos normalizar que los cuerpos de las personas muertas hagan parte de la escenografía en una declaración pública, ni que la muerte se convierta en una forma de exhibir autoridad”, dijo

Además, se refirió a un portal llamado Las Bajas del Tigre, sobre el que indicó que no está confirmado como oficial. Según explicó, allí se registran muertos y otros resultados operacionales desde la posesión del nuevo presidente

Finalmente, recordó los falsos positivos y la lógica de evaluar resultados por bajas en combate. No obstante, precisó que no estaba afirmando que los cuerpos de la Operación Azarías respondieran a esa lógica, sino pidiendo indicadores más amplios para medir la seguridad, incluidos los derechos garantizados y las vidas salvadas