Más de 20.000 niños migrantes no acompañados podrían quedar sin defensa legal en Estados Unidos desde este viernes, cuando vence el contrato federal que sostiene a la red de organizaciones que los asiste ante las cortes de inmigración

Las entidades afectadas advirtieron que, sin una renovación, el sistema comenzará a reducir servicios o incluso a cerrar. En conjunto, atienden a menores que llegaron a la frontera sur sin sus padres

Una red al borde del colapso

Michael Lukens, director ejecutivo de Amica Center for Immigrant Rights, sostuvo que la presencia de un abogado es una garantía básica del debido proceso para los menores. También denunció que el gobierno se niega a pagar por servicios ya prestados y que eso debilita protecciones esenciales

Melissa López, directora ejecutiva de Estrella del Paso, señaló que la red de proveedores acumuló dos décadas de experiencia con niños que atravesaron situaciones de trauma. Según advirtió, esa estructura podría desarmarse si no vuelve el financiamiento federal

La organización, dijo, no puede ser reemplazada con facilidad. Aseguró además que los niños que llegan a juicio sin abogado suelen terminar deportados

Deuda acumulada y recortes urgentes

Las organizaciones afirmaron que el gobierno dejó de reembolsar sus servicios desde noviembre de 2025. La deuda acumulada rondaría los 65 millones de dólares

Para sostener la atención, varias entidades usaron sus reservas, redujeron personal o enviaron empleados a licencia sin sueldo. En el caso de Estrella del Paso, el recorte sería drástico: de unos 30 trabajadores y abogados hace un año pasaría a solo tres empleados para atender a 243 niños en las próximas semanas

Además, esa organización espera cobrar cerca de 1,2 millones de dólares por servicios brindados hasta julio

La disputa por los datos y el riesgo para los menores

El conflicto también gira en torno a las condiciones impuestas para extender el acuerdo. Las organizaciones dijeron que la Oficina de Reasentamiento de Refugiados ofreció continuar el contrato si entregaban información sobre los menores y sus patrocinadores

Las entidades rechazaron esa exigencia al considerar que esos datos están protegidos por obligaciones legales y éticas

Si no hay renovación, los niños deberán presentarse ante jueces de inmigración sin alguien que conozca sus expedientes ni las opciones legales disponibles. Muchos no hablan inglés y algunos tienen edades que les impiden entender conceptos como deportación, asilo o salida voluntaria

Haim Vásquez, abogado de inmigración, advirtió que la situación podría representar un ataque directo al debido proceso. También remarcó que se trata de menores, a veces de apenas ocho, nueve o diez años, frente a un juez y a un abogado del gobierno con poder para empujarlos a aceptar una salida voluntaria

Cada caso exige una evaluación propia

La falta de representación puede afectar de forma especial a los menores que sí tendrían vías para permanecer en el país. Algunos podrían calificar para asilo o para visas especiales destinadas a jóvenes, mientras que otros podrían optar por regresar a sus países

Determinar cuál camino corresponde requiere revisar cada situación de manera individual. Mientras tanto, los defensores advierten que la ausencia de abogados dejaría a miles de niños en una posición de extrema vulnerabilidad ante la justicia migratoria