La Asamblea Nacional de Nicaragua planea aprobar el 21 de septiembre, en primera legislatura, la reforma electoral que impediría participar en los comicios a opositores desnacionalizados y señalados oficialmente como “traidores a la patria”, según el presidente del Parlamento, Gustavo Porras

Porras indicó que las consultas sobre las enmiendas concluirán el 1 de septiembre. Después de eso, la propuesta deberá ser ratificada en dos legislaturas distintas para quedar incorporada al marco constitucional

El trámite se desarrolla en un Parlamento dominado por el oficialismo y tomó impulso tras las declaraciones de Daniel Ortega el 19 de julio, cuando afirmó que en Nicaragua “no volverá a haber elecciones”. Ese mensaje llevó a la Organización de los Estados Americanos a convocar de urgencia a los cancilleres de la región para analizar la situación del país

Presión internacional por el giro político

Las palabras de Ortega y el avance de la reforma generaron preocupación en varios gobiernos y organismos internacionales. Entre quienes expresaron rechazo o alarma figuran Costa Rica, Estados Unidos, Panamá, Guatemala, República Dominicana, Chile, Bolivia, Brasil, Perú, Uruguay, la Unión Europea, la OEA y la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos

La propuesta busca impedir que quienes perdieron la nacionalidad nicaragüense por decisión oficial puedan competir en futuras elecciones. El oficialismo sostiene que se trata de una medida para proteger la soberanía, mientras que críticos y observadores advierten que ampliaría las restricciones sobre la competencia política

Un calendario electoral ya alterado

Nicaragua tenía previstas elecciones generales para noviembre de 2026, pero reformas constitucionales previas extendieron el período presidencial y movieron la cita electoral a noviembre de 2027

Si la nueva enmienda completa su recorrido legislativo, la exclusión de los opositores desnacionalizados quedará asentada en la Constitución

El poder concentrado en Managua

Ortega gobierna Nicaragua desde 2007. Desde 2017 lo hace junto con su esposa, Rosario Murillo, quien pasó a ejercer como copresidenta tras una reforma constitucional de 2025, una decisión cuestionada a nivel internacional

El futuro de la reforma y las respuestas que despierte en los próximos días serán claves para el rumbo político del país