Un nuevo informe de una organización de derechos humanos afirma que el trabajo forzado sigue presente en extensas plantaciones de caña de azúcar en la República Dominicana, un país que exporta azúcar y otros productos al mercado estadounidense, su principal destino comercial
La investigación, elaborada tras más de tres años de trabajo, se centra en las condiciones laborales de fincas vinculadas a Central Romana Corporation, Ltd., la mayor empresa y propietaria de tierras del país. El documento sostiene además que parte de sus dueños mantiene vínculos con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y con el secretario de Estado, Marco Rubio
Denuncias reiteradas sobre las fincas
La empresa ya había sido investigada por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, que la acusó de aislar a trabajadores, retener salarios, favorecer condiciones abusivas de trabajo y vivienda, y exigir horas extra excesivas
En 2022, Washington impuso una prohibición a las importaciones de azúcar y productos relacionados elaborados por la compañía, aunque la medida fue levantada el año pasado bajo la administración Trump
Condiciones de vida y presión laboral
Organizaciones civiles locales estiman que hasta 8.000 personas trabajan en los cañaverales de la empresa, que abarcan más de 173.700 acres. Durante años, los empleados han denunciado falta de pago y viviendas precarias, muchas veces sin agua ni electricidad
El informe señala que buena parte de la mano de obra está compuesta por migrantes haitianos o descendientes de haitianos que, aun nacidos en territorio dominicano, no tienen ciudadanía. Un trabajador citado en el documento dijo que no cuenta con documentos para buscar otro empleo
La organización sostiene que existe un clima de temor generalizado en el sector y afirma que ese miedo impide que los trabajadores reclamen mejores condiciones o salarios justos
Qué pide el informe
El documento reclama que Central Romana inscriba a sus trabajadores en la seguridad social, pague al menos el salario mínimo diario, permita la formación de un sindicato independiente y proteja la salud de su personal
También pide al gobierno dominicano regularizar la situación migratoria de quienes fueron reclutados para trabajar en los campos de caña, pagar las pensiones adeudadas y hacer cumplir las leyes laborales y ambientales
La organización identifica como más vulnerables a dos grupos: cortadores de caña de edad avanzada que no recibieron sus beneficios de jubilación y personas apátridas
Central Romana respondió en el informe que el documento está “lleno de inexactitudes y falsedades” y que no violó leyes locales ni estándares internacionales de trabajo
La entidad que elaboró el informe pidió a Estados Unidos y a otros gobiernos prohibir la importación de azúcar y productos derivados elaborados con trabajo forzado en la República Dominicana