Rodrigo E. fue retenido contra su voluntad en el denominado Museo Paladar Rojo, ubicado a pocos metros del estadio de Independiente, en Avellaneda. Allí lo obligaron a desnudarse, arrodillarse y posar para fotografías y videos. Una de esas imágenes fue convertida en un sticker de WhatsApp
Según la investigación judicial, la víctima era sometida por una deuda vinculada con la venta de drogas. La situación fue tan extrema que llegó a decirles a sus captores que quería suicidarse
Una estructura dedicada al narcotráfico
El juez penal económico Gustavo Meirovich procesó con prisión preventiva a Pablo Álvarez, alias Bebote, y a Raúl Manzone, conocido como Bruja. La resolución sostiene que ambos formaban parte de una organización dedicada al tráfico de estupefacientes y al lavado de dinero
La banda habría importado MDMA y éxtasis desde Europa, cocaína desde Bolivia y otras sustancias, como tusi, ketamina, marihuana y popper, para distribuirlas y comercializarlas en la Argentina
La causa se inició después del secuestro de 11.255 gramos de éxtasis en el aeropuerto internacional de Ezeiza. La droga estaba en el equipaje de un pasajero que había llegado en un vuelo procedente de Barcelona
El análisis del teléfono de uno de los imputados permitió avanzar sobre otros integrantes de la organización. Los investigadores determinaron que cuatro personas habían viajado a Bolivia para coordinar la importación de cocaína, mientras otro grupo se ocupaba del ingreso de éxtasis desde Europa
Un tercer sector habría tenido a su cargo el movimiento del dinero obtenido por la venta de drogas y la creación de mecanismos destinados a darle apariencia legal a esas ganancias
El papel atribuido a Álvarez
Al momento de su detención, Álvarez cumplía prisión domiciliaria en un inmueble del partido bonaerense de Moreno, con una tobillera electrónica. En la actualidad se encuentra alojado en el Complejo Penitenciario Federal 2 de Marcos Paz
Para el juez, pese a no vivir allí, Álvarez tenía capacidad de decisión sobre el Museo Paladar Rojo y daba indicaciones sobre su utilización, el acceso y el funcionamiento del lugar. El inmueble era alquilado a personas que, según la investigación, se ocupaban de canalizar fondos provenientes del narcotráfico
La resolución también señala que el exlíder de la barra brava de Independiente habría intervenido en el cobro de deudas y en la logística relacionada con el abastecimiento de cocaína desde Bolivia
Respecto de Manzone, el magistrado sostuvo que habría actuado como comprador de drogas destinadas a su posterior comercialización
Violencia dentro de la organización
El fallo describe comunicaciones encriptadas, exigencias de rendición de cuentas y directivas violentas impartidas de manera sistemática. Para el juez, esos elementos demostrarían la existencia de una estructura criminal estable y organizada
Rodrigo E. no habría sido la única víctima. La resolución menciona que integrantes de la banda habrían privado de la libertad, golpeado, humillado y extorsionado incluso a personas que formaban parte de la propia organización
El magistrado también sostuvo que Álvarez tenía conocimiento de los hechos de privación ilegítima de la libertad cometidos dentro del inmueble donde funcionaba el museo
La defensa de Bebote
Durante su primera declaración, Álvarez negó las acusaciones y afirmó que todo era un engaño de otros imputados. Reconoció ser propietario del museo de camisetas donde funciona una hamburguesería y parrilla, aunque aseguró que lo alquila desde 2022 a una empresa llamada Mexpo
También dijo que sus ingresos actuales provienen del alquiler de una propiedad en Palermo y de una antena 4G instalada en el museo. Según su versión, desconocía lo que ocurría en el lugar
Álvarez declaró que Rodrigo E. había ido a visitarlo durante el arresto domiciliario y que, después de conocer las imágenes de la víctima, se comunicó con una de las personas que alquilaban el inmueble para reclamarle por los hechos
Más tarde amplió su declaración y sostuvo que estaban utilizando su nombre para proteger a los verdaderos organizadores. Sin embargo, el juez consideró que existen pruebas suficientes para vincularlo con la organización y dispuso, además del procesamiento y la prisión preventiva, un embargo de 800 millones de pesos