El futbolista brasileño Richarlison acusó al candidato presidencial Flávio Bolsonaro de quedarse con los derechos sobre una isla privada ubicada en Angra dos Reis, en la Costa Verde de Río de Janeiro. El jugador afirmó que la propiedad le pertenece y pidió que la Policía Federal investigue lo ocurrido
Richarlison sostuvo que compró los derechos de ocupación del inmueble entre 2020 y 2021, junto con Alencar da Silveira Júnior y Renato Velasco. Según su relato, recibió ofertas de compra, incluida una de Bolsonaro, pero se negó a vender
El futbolista afirmó que, mientras se tramitaba la documentación, Bolsonaro y su abogado, Willer Tomaz, tomaron el control de la isla en un plazo de 24 horas. También aseguró que invirtió alrededor de 10 millones de reales y que no recibió ninguna compensación
El recorrido judicial de los derechos
La disputa comenzó en 2020, cuando una empresa vinculada a Richarlison adquirió los derechos de ocupación. Posteriormente, la posesión pasó a otra empresa asociada con Tomaz
En junio de 2025, el Tribunal Superior de Justicia ratificó una sentencia favorable a la empresa vinculada al abogado. Los litigios fueron archivados después de que los demandantes desistieran de continuar con las acciones
Richarlison dijo que espera recuperar el dinero invertido y prometió donar una parte al hospital de Nova Venécia, su ciudad natal en Espírito Santo, si logra obtenerlo
La respuesta de la defensa
La defensa de Bolsonaro negó los cuestionamientos y le dio a Richarlison un plazo de 72 horas para presentar un documento anterior a julio de 2022 que vincule al futbolista con el inmueble
Entre las pruebas solicitadas figuran una escritura pública, un contrato de compraventa registrado o una inscripción a su nombre en la Superintendencia de Bienes Federales. También reclamó documentación que respalde el supuesto pago de 10 millones de reales
La defensa afirmó que devolverá los derechos sin cobrar dinero si Richarlison presenta pruebas válidas. Además, sostuvo que la empresa Sport 70, vinculada al futbolista y a Renato Velasco, perdió en todas las instancias judiciales, renunció a sus derechos en 2025 y declaró haber pagado 2,6 millones de reales a terceros que no tenían título de propiedad
Según esa versión, la operación fue investigada por la Policía y el expediente se archivó por falta de pruebas de delito