Las familias afectadas por el terremoto registrado el 10 de agosto de 2026 en Colombia, con epicentro en San José del Palmar, Chocó, ya sumaban 225.024 al 31 de agosto, según la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. La cifra representó un aumento de 81,8% frente a las 123.789 reportadas el 18 de agosto

El panorama se amplió aún más con el reporte del 2 de septiembre, que elevó a 293.743 el número de familias impactadas por el sismo. En ese mismo balance, la entidad informó 201.005 viviendas averiadas y 36.336 destruidas en las zonas afectadas, con Cali, Pereira y Manizales entre las ciudades más golpeadas

La vergüenza que frena el registro

Un análisis de la Facultad de Psicología de la Universidad de San Buenaventura, sede Bogotá, advierte que las cifras todavía no permiten saber con precisión cuántas personas perdieron realmente su vivienda. Parte del problema, señala, es que algunos damnificados no se están reportando, no piden subsidios o prefieren no reconocerse como afectados

El docente Javier Aceros, autor del estudio, explicó que en varios casos esa reacción no responde a terquedad ni a orgullo, sino a una defensa de la identidad. A su juicio, aceptar la ayuda también implica aceptar una nueva condición social: la de persona vulnerable que necesita apoyo del Estado

Según el análisis, este comportamiento podría darse con más frecuencia entre familias que vivían en zonas urbanas en altura, tenían crédito hipotecario y residen en regiones como el Valle del Cauca y el Eje Cafetero, donde pedir asistencia no era parte de su experiencia previa

El especialista también señaló que frases como “hay gente peor que yo” pueden terminar funcionando como una excusa para no acceder a la ayuda disponible. A eso se suma el temor a convertirse en una carga para otros, lo que lleva a algunas personas a no refugiarse ni siquiera en casas de familiares

El estudio advierte que no reconocerse como damnificado puede agravar la situación. Quienes no entran en el censo pueden endeudarse en silencio para salir adelante y, en algunos casos, recurrir a prestamistas informales, con consecuencias económicas de largo plazo

Aceros pidió que la comunidad acompañe a quienes tienen dudas o resistencia para registrarse, y que los ayude a contactar a las entidades encargadas del proceso, como los cuerpos de bomberos, para solicitar la visita correspondiente

También recomendó evitar expresiones que minimicen la emergencia, porque refuerzan la idea de que la persona no merece apoyo. Inscribirse, insistió, no le quita recursos a nadie: permite documentar el daño y dimensionar la reconstrucción que hará falta

El Gobierno fijó como fecha límite el 4 de septiembre para inscribirse en el Registro Único de Damnificados, plazo que aplica en los municipios donde la reapertura del proceso sigue habilitada