WASHINGTON - La administración de Donald Trump está ampliando su ofensiva migratoria más allá de quienes cruzaron la frontera sin permiso. Ahora también apunta a personas que ingresaron legalmente, con una pausa temporal en la tramitación de visas de inmigrante y un plan para anular miles de visas de turismo y negocios
El Departamento de Estado detuvo la emisión de visas de inmigrante mientras instruye a funcionarios consulares sobre una nueva política vinculada a la regla de “carga pública”, que busca frenar el ingreso de personas consideradas potencialmente dependientes de ayudas estatales
Según un funcionario estadounidense, la medida comenzó a aplicarse a inicios de agosto y no debería extenderse más allá de mediados de septiembre. La mayoría de los solicitantes afectados tenía entrevistas previstas para agosto, pero no fueron canceladas: serán reprogramadas para septiembre, octubre y noviembre
El freno alcanza a quienes solicitan una visa de inmigrante desde fuera de Estados Unidos, sobre todo en trámites por vínculos familiares, como padres, esposos, hijos o hermanos de ciudadanos estadounidenses. En cambio, no afecta a las visas de trabajo patrocinadas por empleadores, porque esos solicitantes pueden demostrar ingresos y no encajan en la categoría de posible “carga pública”
La preocupación en el sector legal es que reprogramar una cita puede ser difícil y que, si la pausa se prolonga, aumenten los litigios. Además, ya existió un antecedente reciente: una política que bloqueó visas para inmigrantes de 75 países estuvo vigente entre enero y mediados de agosto, hasta que un tribunal la anuló
La señal más dura: visas revocadas a solicitantes de asilo
En paralelo, el Gobierno prepara la revocación de visas B1 y B2, de turismo y negocios, emitidas entre 2016 y 2026 a personas que hayan pedido asilo o lo estén solicitando. La medida, que se coordinaría con el Departamento de Seguridad Nacional, podría alcanzar hasta 200.000 extranjeros y sería la mayor revocación masiva de visas en la historia de Estados Unidos
Fuentes del Gobierno y documentos oficiales indican que el anuncio podría llegar en las próximas semanas. Aunque la cifra exacta no fue confirmada, especialistas advierten que la decisión podría enfrentar impugnaciones judiciales
En la práctica, la revocación no cambiaría la situación de quienes ya están dentro de Estados Unidos y presentaron su pedido de asilo. Mientras esos casos se resuelven, la permanencia de esas personas depende del proceso de asilo abierto, no de la validez de la visa temporal
Para la administración, el mensaje es político y disuasivo: desalentar a quienes piensan viajar con una visa de turista y luego pedir asilo. Durante años, los solicitantes de visas de visita debían demostrar que regresarían a su país al vencer el permiso. Cualquier indicio de intención de quedarse de forma permanente podía derivar en el rechazo
La nueva ofensiva también se apoya en el endurecimiento de la regla de carga pública. El Servicio de Ciudadanía e Inmigración reactivó una norma que puede negar la residencia permanente a inmigrantes que usen beneficios como cupones de alimentos, Medicaid o vales de vivienda
Funcionarios del Gobierno defendieron el giro con un argumento de fondo: que el asilo se ha convertido en un atajo para eludir las leyes migratorias. En abril, la administración ya había ordenado que los consulados nieguen visas a quienes indiquen que temen volver a su país