El Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito de Estados Unidos ordenó impedir que California aplique contra el gobierno federal una norma que exigía a los agentes de inmigración que trabajaran de civil mostrar una identificación visible durante determinados procedimientos
La decisión representa un revés para el gobernador Gavin Newsom y para la política estatal orientada a reforzar la transparencia y la rendición de cuentas de las fuerzas de seguridad
Qué resolvió el tribunal
En una resolución emitida el 14 de octubre, el tribunal revocó la negativa de primera instancia a conceder una medida cautelar preliminar y devolvió el caso al juzgado de distrito
La corte ordenó que se dicte una nueva medida para impedir que California, el gobernador y el fiscal general apliquen la Sección 10 de la Ley No Vigilantes contra el gobierno de Estados Unidos, sus agencias federales y sus funcionarios
La sentencia, redactada por el juez Mark J. Bennett, sostuvo que la legislación estatal intenta regular directamente las funciones del gobierno federal sin autorización del Congreso. Según el tribunal, esa intervención contradice la Cláusula de Supremacía de la Constitución estadounidense
El fallo se limita específicamente a la Sección 10 y no implica, por sí mismo, la anulación de todas las disposiciones de las demás normas cuestionadas en el litigio
La obligación y sus excepciones
La Ley No Vigilantes fue aprobada el 20 de septiembre de 2025 y quedó incorporada al Código Penal de California bajo el artículo 13654
La disposición exigía que los agentes federales que actuaran sin uniforme exhibieran información visible para identificar a la agencia y al funcionario
La obligación alcanzaba intervenciones activas o planificadas vinculadas con arrestos, detenciones y despliegues para controlar multitudes. El incumplimiento deliberado y consciente podía constituir un delito menor según la legislación estatal
La norma contemplaba excepciones para operaciones encubiertas, determinadas investigaciones, situaciones urgentes con peligro inminente y tareas tácticas específicas. También protegía algunas operaciones destinadas a resguardar a autoridades u otras personas designadas cuando la identificación pudiera comprometer la seguridad o la eficacia del operativo
La respuesta del fiscal general
La oficina del fiscal general de California, Rob Bonta, expresó su desacuerdo con la resolución y señaló que estaba revisando la opinión judicial
La dependencia defendió la transparencia y la rendición de cuentas en las operaciones policiales. “Que las fuerzas de seguridad se nieguen a identificarse socava la seguridad colectiva”, sostuvo, y agregó que estaba decepcionada por la decisión