Una jueza federal ordenó al gobierno de Donald Trump cancelar cualquier anuncio televisivo restante financiado con dinero de los contribuyentes para promover su mensaje político
La magistrada Jennifer L. Rochon, de Nueva York, concedió una orden de restricción temporal por dos semanas tras respaldar el reclamo de una coalición que cuestionó la legalidad de la campaña
La resolución impide celebrar, renovar o ampliar acuerdos vinculados con el desarrollo, la producción, la difusión, la contratación de espacios o la emisión de los anuncios cuestionados. La medida también alcanza a las piezas previstas para transmitirse esa misma noche
Una campaña de 20 millones de dólares
El Departamento de Seguridad Nacional destinó 20 millones de dólares de fondos públicos a la campaña. El dinero provenía de un paquete de 175 millones de dólares aprobado por el Congreso para respaldar la agenda de control migratorio de Trump
Expertos legales señalaron que el uso de esos recursos podría entrar en conflicto con una ley federal que prohíbe emplear fondos asignados por el Congreso para fines de “publicidad o propaganda”, además de otras posibles normas federales
El gobierno sostuvo que los anuncios eran mensajes de servicio público similares a los utilizados por administraciones anteriores para promover distintas políticas
Sin embargo, las piezas recientes se diferencian de muchos avisos de servicio público porque no están orientadas a ayudar a los ciudadanos a acceder a programas gubernamentales específicos
Uno de los anuncios es casi idéntico a una pieza emitida por Trump durante su campaña para la reelección presidencial de 2024
El argumento del Departamento de Justicia
En una presentación judicial realizada el sábado por la noche, el Departamento de Justicia sostuvo que la orden temporal era innecesaria porque la conducta cuestionada terminaría al día siguiente
La Casa Blanca no había respondido de inmediato a una solicitud de comentarios sobre la decisión judicial