El deslave ocurrido el 10 de septiembre de 2021 en el Cerro del Chiquihuite, en el Estado de México, puso en primer plano el peligro que enfrentan miles de personas que viven en laderas, barrancas y zonas montañosas del país. La tragedia dejó cuatro fallecidos y obligó a desplazar a numerosas familias

Más allá de ese caso, el problema se repite en distintas regiones de México. La combinación de una geografía compleja, el encarecimiento del suelo urbano y la falta de alternativas de vivienda segura ha empujado a muchas familias a ocupar terrenos inestables, con poca infraestructura y escasa supervisión

Una ciudad que crece hacia el riesgo

En la Zona Metropolitana del Valle de México, zonas como el Ajusco, la Sierra de Guadalupe y el Cerro de la Estrella muestran cómo la presión demográfica ha llevado a asentamientos sobre pendientes pronunciadas. En muchos de esos espacios, la construcción avanza sin estudios técnicos suficientes ni obras de contención adecuadas

La ocupación de cerros no responde siempre a una misma lógica. En los sectores de menores ingresos suele tratarse de vivienda autogestionada y de acceso limitado a servicios. En cambio, también existen desarrollos de alto nivel en laderas, como ocurre en Santa Fe, donde la vista, la ubicación y la exclusividad se convierten en parte del valor inmobiliario

La brecha entre quienes pueden protegerse y quienes no

El crecimiento urbano hacia periferias y zonas montañosas ha estado marcado por políticas que favorecieron al mercado inmobiliario, sobre todo desde los años 2000. Pero la falta de planeación territorial y de infraestructura ha profundizado una desigualdad clara: quienes no pueden acceder a vivienda formal terminan en sitios más baratos, aunque sean más peligrosos

Los hogares construidos de manera precaria en pendientes quedan más expuestos a deslaves, erosión y fallas estructurales. En contraste, los proyectos dirigidos a sectores con mayores ingresos suelen incorporar estudios de ingeniería y medidas de mitigación que reducen el riesgo

Normas existentes, aplicación débil

El país cuenta con instrumentos legales para ordenar el crecimiento urbano, como la Ley General de Asentamientos Humanos. Sin embargo, su aplicación enfrenta obstáculos como recursos municipales insuficientes, corrupción en el sector inmobiliario y poca cultura de prevención

En muchas comunidades, vivir con el riesgo se ha normalizado. La supervisión de las construcciones sigue siendo limitada y la ocupación de zonas peligrosas avanza sin freno suficiente

Planear antes que reaccionar

Frente a este panorama, especialistas plantean una estrategia integral que combine planeación territorial, gestión de riesgos y fortalecimiento fiscal. Entre las medidas señaladas están la actualización de catastros, la elaboración de atlas de riesgo, el monitoreo permanente de laderas y la instalación de sistemas de alerta temprana

La solución no pasa solo por prohibir construir en cerros, sino por replantear el modelo de crecimiento urbano y priorizar la densificación en zonas seguras. Para ello, se requiere coordinación entre gobiernos, sociedad y sector privado

Un problema ambiental además de social

Los cerros que rodean a la Ciudad de México y a otras grandes urbes también cumplen funciones ecológicas clave. Ayudan a capturar carbono, recargan acuíferos, regulan el microclima y albergan especies endémicas. Además, sostienen actividades vinculadas al manejo forestal sustentable

La pérdida de vegetación por urbanización y deforestación agrava la erosión y reduce la infiltración de agua, lo que incrementa la vulnerabilidad ante lluvias intensas y los efectos del cambio climático

El desafío es construir ciudades que no empujen a las familias más vulnerables hacia los márgenes del riesgo. Apostar por un desarrollo urbano más ordenado y equitativo también es una forma de proteger los cerros y la vida que depende de ellos