El 20 de octubre, los abogados de todo el país elegirán a sus representantes en el Consejo de la Magistratura de la Nación para los próximos cuatro años. Aunque suele ser una elección poco visible, sus resultados pueden incidir directamente en la independencia, la eficacia y la transparencia del sistema judicial

El Consejo tiene entre sus funciones seleccionar candidatos a jueces mediante concursos públicos, elevar ternas vinculantes al Poder Ejecutivo, ejercer facultades disciplinarias y promover procedimientos de remoción cuando corresponda. También debe dictar normas destinadas a garantizar la independencia judicial y una prestación eficiente del servicio de justicia

La situación actual es cuestionada por la falta de transparencia, la demora de los procesos y la percepción de una independencia insuficiente. Los procedimientos vinculados con investigaciones de corrupción pueden extenderse durante años, mientras que la selección de magistrados mantiene márgenes de discrecionalidad que generan dudas sobre sus resultados

Una elección con impacto institucional

En este contexto, distintas agrupaciones civiles integradas por abogados conformaron la lista Unidad en Defensa de la Abogacía. La nómina incluye a ocho candidatos y cuenta, entre sus representantes, con un integrante del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires

Sus integrantes firmaron un documento con compromisos para el caso de resultar elegidos. El acuerdo establece pautas de actuación anticipadas y prevé que su cumplimiento sea controlado por las agrupaciones que los respaldan y por la sociedad

Concursos basados en mérito e idoneidad

Uno de los principales objetivos es modificar el sistema de selección de jueces para que se base en criterios objetivos, previsibles y públicos. La propuesta busca preservar el orden de mérito obtenido en los exámenes de oposición y antecedentes, además de garantizar igualdad entre abogados independientes y funcionarios de la carrera judicial

La entrevista personal aparece señalada como uno de los puntos más sensibles del proceso. Según la propuesta, esa instancia debería evaluar la vocación, el criterio y el compromiso democrático de los postulantes sin convertirse en una herramienta para alterar arbitrariamente los resultados previos

Por ese motivo, la lista plantea limitar el peso de las entrevistas, transparentar cada etapa de los concursos y asegurar su trazabilidad. También expresa su respaldo a la iniciativa de la Corte Suprema de la Nación destinada a reducir la incidencia de esa instancia en el puntaje final

Entre sus compromisos figura además la promoción de la presencia de género y la defensa de condiciones de igualdad para quienes no provienen de la estructura judicial

Independencia, control y acceso a la justicia

La plataforma incluye la defensa de los jueces frente a presiones externas y, al mismo tiempo, el cumplimiento efectivo de sus responsabilidades. En esa línea, propone crear un Código de Ética Judicial y establecer procedimientos disciplinarios eficaces, con plazos razonables

También plantea atender los problemas que afectan el ejercicio profesional, como las demoras, las dificultades de acceso, las fallas de comunicación y otros obstáculos que enfrentan quienes recurren a los tribunales

La lista propone fortalecer el vínculo con colegios, asociaciones e instituciones de todo el país para incorporar las distintas realidades de la abogacía. A esto suma la creación de estadísticas e indicadores públicos que permitan evaluar el desempeño de los tribunales e identificar sus principales problemas

Tecnología y rendición de cuentas

Otro de los ejes es la modernización de la gestión judicial mediante mejoras en conectividad, equipamiento y sistemas informáticos. La incorporación de tecnología, automatización e inteligencia artificial debería realizarse con transparencia y supervisión humana

La propuesta también busca simplificar procedimientos, facilitar el seguimiento de los expedientes y reducir los tiempos de respuesta. En paralelo, plantea que los consejeros hagan públicas sus posiciones y sus votos en asuntos institucionalmente relevantes, junto con los fundamentos de sus decisiones y rendiciones periódicas ante la abogacía

La plataforma se completa con una propuesta de formación judicial de excelencia, plural, federal y accesible, con estándares académicos exigentes y participación de las instituciones de abogados de todo el país

La elección representa una oportunidad para definir el rumbo de la representación de la abogacía en el Consejo de la Magistratura. La discusión excede a los profesionales del derecho: un organismo transparente y eficaz resulta clave para recuperar la confianza ciudadana y sostener un Poder Judicial independiente, accesible y capaz de resolver los conflictos en tiempos razonables