Argentina recurrió a una vía judicial internacional para intentar detener el avance del proyecto petrolero Sea Lion, impulsado por Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum en la Cuenca Malvinas Norte

Según la posición argentina, las licencias fueron emitidas por autoridades británicas en las islas y afectan recursos ubicados en espacios marítimos cuya soberanía permanece en disputa. El programa contempla 35 años de producción y la perforación de 23 pozos

Un arbitraje y un pedido de protección urgente

El 28 de septiembre, Argentina inició un arbitraje contra el Reino Unido bajo el Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Ese mecanismo prevé la conformación de un tribunal de cinco árbitros independientes, cuyas decisiones deben ser cumplidas por ambas partes

Como la constitución del tribunal puede demorar varios meses, el Gobierno argentino presentó el 13 de octubre un pedido de medidas provisionales ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, con sede en Hamburgo. La solicitud busca evitar daños irreparables mientras el arbitraje queda en condiciones de actuar

Las audiencias se realizaron el 10 y el 11 de noviembre. El Reino Unido cuestionó la competencia del tribunal y sostuvo que el caso implicaría resolver primero la soberanía territorial. Argentina respondió que el planteo se limita a las obligaciones previstas por el derecho del mar sobre los recursos y el ambiente en las zonas marítimas disputadas

El riesgo sobre los recursos y el ambiente

La delegación argentina sostuvo que una perforación puede dejar una alteración permanente en el subsuelo, incluso antes de que comience la extracción de hidrocarburos. También advirtió sobre un eventual derrame: el plan de contingencia de una de las compañías contempla que podría alcanzar aguas argentinas ajenas a la disputa en un plazo de 30 días

El Gobierno argentino afirma que la Convención reconoce derechos sobre el lecho y el subsuelo marinos, exige resolver las diferencias por medios pacíficos y obliga a proteger el ambiente. También invocó resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas que llaman a ambos países a negociar y a evitar modificaciones unilaterales

Las medidas solicitadas

Argentina pidió que el Reino Unido impida nuevas perforaciones y la instalación de infraestructura de producción vinculada con Sea Lion. También solicitó que no se utilice en su perjuicio la información obtenida durante la exploración, que se permita el cumplimiento de sus obligaciones de protección ambiental y que se eviten nuevas medidas capaces de agravar la controversia

El tribunal anunció tentativamente que comunicaría el 28 de noviembre su decisión sobre la protección provisional. Esa resolución no definirá la soberanía sobre las islas, sino el pedido urgente presentado durante la espera del tribunal arbitral

Una estrategia diplomática y jurídica

La presentación forma parte de una estrategia que el Gobierno argentino también impulsa mediante acciones bilaterales y multilaterales. La preparación del caso estuvo a cargo de funcionarios de la Cancillería, la Presidencia, la Procuración del Tesoro y el Ministerio de Economía, junto con especialistas en derecho internacional

Mientras continúa el proceso, Argentina prevé mantener las advertencias a empresas y gobiernos, los procedimientos sancionatorios y las acciones penales contra compañías y directivos. Además, el Gobierno pidió al Congreso que avance con el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional

El arbitraje internacional seguirá su curso con independencia del resultado de las medidas provisionales. La posición argentina es que la defensa de sus recursos debe realizarse mediante el derecho internacional, la negociación y mecanismos pacíficos