La Municipalidad de Colón salió a desmentir la versión que vinculó al presidente uruguayo Yamandú Orsi con una supuesta denuncia impulsada desde esa ciudad argentina por la instalación de la planta de HIF Global en Paysandú

En un comunicado, el municipio sostuvo que no presentó ninguna denuncia penal ni de otro tipo, y que tampoco existe una demanda formal ante la Justicia. "El Municipio de Colón desconoce a qué denuncia se refiere el Presidente de Uruguay", indicó el texto

El reclamo por el acceso al expediente

Según el documento, a comienzos de año el gobierno local pidió acceso al expediente abierto en Uruguay sobre el proyecto de e-combustibles frente a sus costas. Desde que se conoció la iniciativa, hubo preocupación en ciudades ribereñas del lado argentino por su eventual impacto ambiental y turístico

El municipio señaló que para lograr intervención en el caso se hicieron distintas presentaciones, entre ellas una solicitud ante el Comité de Escazú para que pidiera a Uruguay incorporarlo al proceso

Más tarde, añadió, el gobierno uruguayo dio intervención al municipio y respondió sus planteos, por lo que ya no fue necesaria la intervención del comité. Esa situación fue comunicada al organismo

La posición de Colón

El comunicado remarcó que la postura del municipio fue siempre la misma: sostener canales diplomáticos para resolver el conflicto. También afirmó que esa estrategia fue la que permitió avanzar en el caso

La planta proyectada prevé producir e-combustibles sintéticos a partir de dióxido de carbono proveniente de cadenas de biomasa e hidrógeno verde generado con energías renovables. El emprendimiento implicaría unos 3.000 empleos directos y una inversión estimada en USD 5.400 millones

El proyecto original estaba previsto a unos 5 kilómetros al norte de Paysandú, frente al principal balneario de Colón. Luego de las objeciones planteadas en Entre Ríos, fue relocalizado para reducir el impacto visual sobre el río y el efecto sobre la biodiversidad

Mientras no haya una confirmación definitiva sobre esa relocalización, la causa penal iniciada de oficio por la fiscal Josefina Minatta y la acción civil presentada por el diputado Guillermo Michel seguirán su curso