El juez federal Julián Ercolini condenó a seis meses de prisión a Pablo Alejandro Brula, exfuncionario de la AFIP, por no informar en sus declaraciones juradas patrimoniales una sociedad constituida en Estados Unidos con la que, junto a su esposa, compró y administró dos inmuebles

Además de la pena, el magistrado dispuso una inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos, la prohibición de salir del país y reglas de conducta durante seis meses

Un caso con impacto en otra investigación

La sentencia puede tener efectos en una causa que involucra al actual titular de ARCA, Andrés Vázquez, a quien se le atribuye haber omitido ante la Oficina Anticorrupción y el organismo tributario un entramado societario en jurisdicciones offshore para controlar propiedades en Estados Unidos valuadas en más de US$2 millones

En ese expediente, la Procuraduría de Investigaciones Administrativas pidió su indagatoria tras concluir que habría ocultado su condición de dueño y beneficiario final de esos bienes. Por ahora, el juez Marcelo Martínez de Giorgi no avanzó con ese pedido

Qué comprobó la Justicia

En el caso Brula, el fiscal Franco Picardi acreditó que el exdirector de Personal de la AFIP no declaró su participación en B&Q Investments LLC, una firma creada en 2011 en Florida y vigente hasta diciembre de 2016

Según la investigación, esa sociedad fue utilizada para comprar dos inmuebles en el exterior. Tampoco fueron informados ni la compra de esas propiedades ni el dinero obtenido luego de su venta y depositado en cuentas fuera del país

Brula había presentado su declaración de ingreso al cargo en 2014 y luego las correspondientes a 2015 y 2016, pero en ninguna incorporó esos activos. La omisión también se mantuvo en las presentaciones posteriores, hasta 2020

Omisión sostenida

Al fundamentar su decisión, Ercolini sostuvo que no se trató de un descuido aislado, sino de una conducta prolongada frente a dos organismos de control. Subrayó que Brula trabajaba en la AFIP desde 1990 y que conocía de sobra el deber de informar su patrimonio y el de su cónyuge

El juez también valoró su formación académica y su trayectoria en áreas vinculadas con la gestión y el control dentro del propio organismo, lo que, a su entender, descartaba la posibilidad de ignorancia o impericia

Para el tribunal, la conducta mostró una voluntad deliberada de ocultar bienes y operaciones en el exterior, en violación de las obligaciones legales aplicables a los funcionarios públicos