El fuero Civil y Comercial Federal concentra cada vez más reclamos vinculados con la cobertura médica. Durante el primer semestre del año, el 66% de las causas iniciadas correspondió a amparos de salud

Hasta el 30 de junio se habían abierto 7523 expedientes, de los cuales 4990 estuvieron relacionados exclusivamente con pedidos de pacientes contra obras sociales y empresas de medicina prepaga. En agosto, el porcentaje habría trepado al 70%, frente al 45% registrado durante 2025

Afiliaciones y tratamientos urgentes

Una parte importante de las presentaciones corresponde a trabajadores jubilados que intentan conservar su cobertura, el plan y la cartilla médica, en lugar de ser derivados al PAMI

Otros casos exigen respuestas inmediatas por tratamientos específicos, medicamentos de alto costo o la continuidad de enfermeros y cuidadores. La presión recae sobre una estructura integrada por 11 juzgados y tres salas de la Cámara

El volumen también se reflejó en la actividad diaria. De las 42 resoluciones dictadas el viernes 18 de septiembre, 28 estuvieron vinculadas con amparos de salud. En todos los casos, con matices, las decisiones favorecieron a los pacientes

Un sistema sanitario bajo presión

Para Marisa Aizenberg, directora del Observatorio de Salud de la Facultad de Derecho de la UBA, la judicialización funciona como un indicador de las tensiones estructurales del sistema sanitario

La especialista sostiene que el sistema está fragmentado y que resulta complejo fijar reglas comunes para 24 jurisdicciones, donde conviven financiadores y prestadores sometidos a distintas regulaciones

Las empresas de medicina prepaga, por su parte, advierten sobre la expansión constante del paquete de prestaciones obligatorias y la falta de límites claros para definir qué debe cubrirse. También señalan el impacto del aumento de los costos tecnológicos y de los medicamentos de alto precio

A esa situación se suma la caída del empleo registrado, que reduce la cantidad de afiliados y los recursos disponibles. Aunque también disminuyen algunas obligaciones de cobertura, el encarecimiento de las prestaciones dificulta la planificación financiera

Aizenberg reconoce que los fondos son limitados, pero advierte que el criterio para establecer los límites no puede ser exclusivamente económico, porque dejaría afuera a quienes padecen enfermedades de alto costo. En ese contexto, propone discutir planes de financiamiento de largo plazo

Promesa busca evitar nuevos juicios

Como alternativa a la vía judicial, el Gobierno implementó Promesa, el Procedimiento de Mediación Prejudicial en Materia de Salud. Se trata de una instancia optativa destinada a resolver los conflictos entre pacientes y financiadores antes de que lleguen a los tribunales

El programa cuenta con casi 2000 mediadores especializados. Durante su primer año alcanzó acuerdos en el 44,9% de los casos, con un tiempo promedio de resolución de 17 días

Uno de los casos involucró a una mujer que reclamaba una internación valuada en unos 6 millones de pesos mensuales. En la segunda audiencia, las partes acordaron reemplazar esa prestación por un acompañante, con un costo cercano a los 2 millones mensuales

Sin embargo, el mecanismo todavía no logró frenar el crecimiento de los expedientes en el fuero. En ámbitos judiciales consideran que la herramienta está bien encaminada, aunque necesita tiempo para mostrar resultados

La expansión de las redes sociales y la creciente especialización de abogados en litigios de salud también favorecieron el aumento de las demandas. El desafío, tanto para la Justicia como para el sistema sanitario, es resolver los conflictos antes de que se conviertan en nuevos procesos judiciales