El Gobierno formalizó dos medidas vinculadas con la defensa y la cuestión Malvinas. A través de los decretos 867/2026 y 868/2026, amplió partidas presupuestarias para distintas áreas del Estado y puso en marcha el procedimiento para actuar contra actividades asociadas a la exploración o explotación de recursos estratégicos sin permiso argentino
Refuerzo de partidas para 2026
El DNU 867/2026 habilitó una ampliación de $521.558 millones para lo que resta del año. Según la información oficial, el impacto neto sobre el gasto total será de $234.122 millones, una cifra que se compensará con reasignaciones internas y con recursos del Tesoro Nacional obtenidos por privatizaciones recientes
El refuerzo alcanza a varias áreas. Interior recibirá $120.081,4 millones; Jefatura de Gabinete, $119.964,5 millones; el Poder Judicial, $111.210,3 millones; el Poder Legislativo, $66.164,9 millones; Cancillería, $54.593,6 millones; Presidencia, $33.357,8 millones; Defensa, $11.061,4 millones; Justicia, $3.119,5 millones; y Economía, $2.524,2 millones
En el caso de Cancillería, los fondos estarán destinados a acciones diplomáticas sobre Malvinas, la Antártida, la política oceánica y el Atlántico Sur. En Defensa, se orientarán al alistamiento operativo de la Armada y la Fuerza Aérea, además del planeamiento conjunto
Nuevo esquema para denunciar y sancionar
El Decreto 868/2026 designó al Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto como autoridad de aplicación de la Ley 26.659. Esa norma prevé sanciones para quienes desarrollen o faciliten tareas ligadas a la exploración o explotación de hidrocarburos en la plataforma continental argentina sin autorización del país
Desde ahora, todos los organismos de la administración pública nacional deberán informar a Cancillería, en un plazo de cinco días hábiles administrativos, cualquier hecho que pueda encuadrar en esa ley. Con ese aviso, la cartera podrá iniciar actuaciones de oficio o por comunicación de otra dependencia
El procedimiento también fija plazos para el presunto infractor: diez días hábiles administrativos para presentar descargo y prueba, y luego otros diez días para que la autoridad resuelva si archiva el caso o aplica la sanción correspondiente
Presión por la actividad petrolera en el Atlántico Sur
Las medidas se apoyan en el avance de proyectos hidrocarburíferos en la Cuenca Malvina Norte. Milei cuestionó especialmente el desarrollo del proyecto Sea Lion y sostuvo que la explotación de esos recursos puede consolidar la presencia británica en el archipiélago y acelerar la apropiación de reservas ubicadas bajo el mar argentino
En paralelo, la reglamentación incorporó exigencias para trámites vinculados al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones y al sector hidrocarburífero. En ambos casos, deberá presentarse una declaración jurada sobre el cumplimiento de la Ley 26.659, y Cancillería podrá intervenir para determinar si existen conductas incompatibles
Durante su mensaje, el Presidente también anunció que enviará al Congreso proyectos para reforzar la seguridad nacional, crear un Consejo de Seguridad Nacional, proteger infraestructuras críticas y ampliar la cobertura aeroespacial y marítima. Además, anticipó la construcción de una Base Naval Integrada en Ushuaia