El Gobierno consiguió un alivio político en dos frentes distintos: la oposición no logró abrir una sesión en la Cámara de Diputados y los incidentes ocurridos durante una manifestación universitaria terminaron ocupando el centro de la escena

En el recinto faltaron ocho legisladores para alcanzar el quorum necesario para tratar la derogación del megadecreto 70/2023. Las ausencias también impidieron debatir iniciativas sobre discapacidad y endeudamiento familiar

La oposición había reunido representantes del peronismo, el radicalismo, la Coalición Cívica y la izquierda. Sin embargo, legisladores vinculados con gobernadores cercanos al oficialismo no concurrieron. El resultado evitó una votación que podía tener efectos políticos y económicos para el Gobierno

Una protesta desplazada por los incidentes

Fuera del Congreso, una movilización reclamó más recursos para las universidades públicas y cuestionó el incumplimiento de la ley de financiamiento universitario. La protesta quedó relegada después de que grupos de encapuchados arrojaran piedras y objetos metálicos

Las fuerzas federales respondieron con balas de goma, carros hidrantes y gases lacrimógenos. También resultaron heridos periodistas que cubrían los hechos. Organizadores y asistentes atribuyeron la violencia a posibles infiltrados, aunque esa hipótesis todavía debe ser esclarecida

Una encuesta indicó que el 54,7% de los consultados rechazó el incumplimiento de la ley de financiamiento universitario. Las universidades públicas, además, registran más del 60% de aprobación social. Docentes y no docentes sostienen que sus salarios perdieron un tercio del poder adquisitivo durante los últimos tres años

Concesiones y asuntos pendientes

El oficialismo deberá sostener la mayoría heterogénea que bloqueó la sesión y avanzar con sus propios proyectos sobre tierras, discapacidad y endeudamiento. Para hacerlo, modificó su posición sobre la propiedad rural de extranjeros y reincorporó restricciones de la ley de tierras sancionada en 2011

También deberá afrontar las consecuencias de una medida cautelar de la Corte Suprema que suspendió los efectos del decreto 70 en materia de propiedad de la tierra. La decisión fue adoptada por Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y los conjueces Diego Barroetaveña y Juan Ignacio Pérez Curci. Carlos Rosenkrantz cuestionó el fundamento ambiental de la resolución

El fallo podría abrir nuevos reclamos contra proyectos mineros en zonas próximas a glaciares, cuya explotación fue favorecida por una reforma impulsada por el oficialismo. A la vez, la decisión judicial y el cambio en el proyecto de tierras facilitaron la posición de diputados que buscaban evitar costos políticos para sus gobernadores

Los dos resultados favorables son circunstanciales. El Gobierno aún debe resolver la crisis universitaria, sostener acuerdos legislativos y despejar las dudas sobre la actuación de las fuerzas de seguridad y la Justicia. Con el calendario electoral en marcha, las negociaciones continúan y los intereses de los distintos sectores siguen sin converger